Categoría: DERECHOS HUMANOS

Colombia, el gran exportador de mercenarios en el mundo: “El único culpable de que tantos se vayan al exterior es el Gobierno, que es indolente”

Mercenarios

DIEGO STACEY (“El País, 231224)

Bogotá – 22 DIC 2024 – 04:45 CET

Yeison Sánchez estaba preparado para morir cuando emprendió su viaje a Ucrania. Este soldado retirado del ejército colombiano, de 31 años, había comprado un seguro de repatriación y había avisado a su familia de su posible destino fatal en la guerra contra la invasión rusa. Su motivación principal fue el dinero. Veía videos en TikTok de compatriotas que prometían que como voluntario del ejército ucranio recibiría 19 millones de pesos (unos 4.300 dólares) al mes. Así que ahorró cerca de 2.300 dólares para tomar un vuelo de Bogotá a Madrid, otro de allí a Polonia y, finalmente, cruzar a Ucrania por tierra para alistarse en un conflicto ajeno.

Como a Sánchez, que en la última década había trabajado como vigilante y como enfermero, el estímulo monetario ha empujado a miles de colombianos a irse a combatir en el extranjero, en países como Ucrania o Sudán. Otros prefieren ejercer como escoltas o vigilantes de seguridad en Emiratos Árabes Unidos o México. Sus casos tienen varios elementos en común: son exmilitares que se jubilan a una edad temprana y que tienen poca preparación para cualquier actividad diferente a la guerra. Como veteranos, reciben un pequeño salario de retiro del Estado colombiano, que hace, por contraste, más atractivas las ofertas de ganar hasta cinco veces más fuera del país.

En Ucrania, Sánchez duró poco. Desertó a los seis meses, en parte porque el pago real estaba muy por debajo de los 4.300 dólares prometidos —“me sentí engañado”—, en parte porque se sintió maltratado por sus superiores. “Permanecíamos encerrados. Nos sacaban a la madrugada a hacer flexiones como castigo de que algunos compañeros hablaran en español con los locales. Eso estaba prohibido. Les dije que éramos voluntarios, no rehenes”, relata. Con él, cuenta, se fueron 40 soldados de la legión internacional. Ahora baraja varias ofertas, como irse a México para trabajar con los cárteles, o “el proyecto” de África, “que está dando mucha bola en este momento”.

El interés por los colombianos en el mercado de los mercenarios y la seguridad está bien justificado. Colombia tiene uno de los ejércitos más numerosos y mejor preparados en el mundo. “[Los soldados] llevan 60 años entrenando bajo una doctrina de lucha contrainsurgente, y efectivamente combatiendo. Por eso son tan apetecidos por ejércitos extranjeros y empresas de seguridad privada”, explica Laura Lizarazo, experta en seguridad nacional de la consultora Control Risks. Desde el año 2000 se ha informado de la presencia de mercenarios colombianos en decenas de países, entre los que también están Rusia, Yemen, Libia, Somalia y Afganistán.

El incidente más sonado en el que han estado implicados mercenarios colombianos fue el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en 2021. Por el ataque, en Puerto Príncipe, siguen detenidos 17 colombianos. Varios sostienen que fueron contratados para secuestrar al mandatario, no para matarlo. Dos de las cabezas del operativo, planificado en Estados Unidos, han sido condenados a cadena perpetua por jueces de Florida. También ha dado de qué hablar el caso de dos voluntarios en el ejército ucranio que están detenidos en Rusia, tras haber sido extraditados desde Venezuela.

“Somos como jugadores de fútbol”

“Lo que sucede con los futbolistas es lo mismo que ocurre con los militares. A Colombia vienen muchas empresas cazatalentos que miran tu trabajo y te hacen una propuesta”. Así describe la fase de reclutamiento Dante Hincapié, que trabajó en la Armada durante 21 años. Pese a haber alcanzado el grado de suboficial jefe, su salario de retiro le parecía escaso. Por eso, en 2014 se enganchó al negocio de los mercenarios y se fue a Emiratos Árabes Unidos como comandante de comunicaciones de un batallón del ejército emiratí conformado únicamente por colombianos. “Éramos unos 2.000 hombres, la empresa Global Security Services Group (GSSG) enviaba a unos 30 soldados a la semana”, cuenta.

Un tiempo después, en 2018, pasó a Yemen —“uno de los sitios más jodidos en los que he estado”— para escoltar buques de Europa y EE UU que cruzaban el golfo de Adén y que frecuentemente eran atacados por piratas. En los tres años como militar a sueldo ganó casi 70.000 dólares, mientras que la suma de sus ahorros y sus salarios de retiro de la Armada apenas sumaban 15.000.

Hincapié, de 48 años, reconoce que algunas empresas se aprovechan de los exmilitares, y señala a los casos de Sudán y de Haití, pero alega que no es lo usual: “A mí nunca me incumplieron. Es una salida para muchos de los soldados que se retiran”. Para él, “el único culpable de que se vayan tantos al exterior es el Gobierno. Son indolentes, no les importan los soldados”. Y no teme ser crítico con el Estado colombiano, pues siente que hay una persecución contra los militares: “No somos terroristas. Ser soldado es sinónimo de gallardía”.

Una compleja red empresarial

El auge de los mercenarios, que conlleva grandes pérdidas humanas —la Cancillería estima en 300 los colombianos muertos en la guerra de Ucrania—, ha empujado al Gobierno a impulsar una ley para prohibir la actividad completamente, pues ilegalizará las organizaciones “que instrumentalizan a los militares retirados”, en línea con un convenio de la ONU creado en 1989. Jovana Ranito, presidenta del grupo de trabajo sobre mercenarios de las Naciones Unidas, celebra que se impulse esta medida. “La legislación internacional es el punto de inicio, pero si no se implementa internamente, es muy difícil aplicarla para combatir este fenómeno”, indica desde Ginebra.

Para la experta, el tratado ayuda a los países a combatir a las empresas reclutadoras, el principal actor de este mercado. “Hay un gran espectro de compañías que están registradas en distintos países y con varios nombres, y así es más difícil seguirles la pista”. Los núcleos de su operación son países del sur global, que suelen atravesar una frágil situación económica y han salido de una situación de conflicto.

Esta red empresarial ha acogido desde hace más de una década a Jaime Henao, un exsargento del ejército colombiano, de 40 años. Fue entrenado por Blackwater —ahora llamada Academi, una de las compañías de seguridad privada más grandes del mundo—, y junto con varias decenas de colombianos fue asignado a Afganistán en plena guerra. Allí, Henao trabajó como guardia del consulado de Estados Unidos en la ciudad de Herat, escenario de un atentado suicida a mano de los talibanes en septiembre de 2013.

Tras el fin de su contrato a los pocos meses del ataque, regresó a Colombia y siguió en el negocio de seguridad privada. En 2021, recibió una llamada de la compañía A4SI, para ejercer como escolta en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU). “Me ofrecieron 2.300 dólares en un contrato con la compañía GSSG. Éramos ocho colombianos y a mí me mantuvieron en secreto hasta el último momento a quien iba a cuidar”, relata. Su protegido terminó por ser un expresidente afgano asilado en EAU.

La empresa A4SI fue fundada en 2017 por Omar Antonio Rodríguez Bedoya, un exoficial del ejército colombiano, pero su operación la lidera ahora Álvaro Quijano, un coronel retirado del mismo cuerpo. Esta sociedad está en el ojo del huracán por haber contratado al menos a 300 mercenarios colombianos que fueron enviados a Sudán para luchar en la guerra civil. Muchos denuncian haber llegado bajo engaños, pues esperaban ser escoltas privados en Emiratos, como Henao. Los expertos consultados indican que eso ocurre con cierta regularidad, pues, una vez en otro país, los reclutas —sin conocimiento del idioma y sin dinero propio—, quedan enteramente en manos de estas compañías.

Un ciclo interminable

La actividad mercenaria no se detendrá en el futuro cercano, prevé Alfonso Manzur, fundador de Veteranos Por Colombia, una organización que vela por los derechos de los militares en retiro. El experto asegura que son miles los colombianos los que han trabajado en este negocio y que cada vez se hace más complejo hacer un conteo general por la proliferación del reclutamiento en países como Ucrania y México, en donde no intervienen las compañías de seguridad. “En la primera década de los 2000, el contingente aumentó en unos 250.000 hombres, muchos de los cuales se están pensionando. Por eso hemos visto en los últimos años una explosión de mercenarios colombianos en el mundo”, sugiere.

El reclamo sigue siendo el mismo: las asignaciones de retiro son muy bajas. Pero Manzur advierte de otro problema. “Los gobiernos no han tomado las medidas adecuadas para la adaptación de los exmilitares a la vida civil. Muchos eran personas pobres que encontraron en la guerra un sustento y, si no los readaptan, seguirán en esta industria”. El proyecto de ley que presentó el Gobierno contempla crear programas de reintegración para los veteranos y aumentar su sustento económico.

Pese a estas medidas, los tres mercenarios consultados —todos asumen el calificativo— admiten que prefieren seguir en el mercado. Sánchez, de vuelta en Medellín, dice que descansará una temporada, pero que el dinero “lo hace mover”. El plan que más le convence es ir a México, por la cercanía con Colombia y porque varios de sus compañeros ya están allí. Henao, por su parte, se trasladó a Libia para ser instructor militar. Pese a no estar implicado en confrontamientos directos, gana hasta 4.000 dólares. Hincapié lleva varios años retirado, pero nunca muy alejado del negocio y asegura que ahora es un activista por los derechos de los veteranos. “Uno es soldado desde que jura bandera hasta el fin de sus días”, afirma.

17/7 Día de la Justicia Penal Internacional

El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental. El 17 de julio reconocemos la importancia de sostener y defender el sistema de justicia penal internacional como herramienta fundamental de la comunidad internacional para promover la paz y la seguridad y proteger los derechos de las víctimas.

Este año celebramos el 25 aniversario de la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). Este fue un gran paso adelante en la lucha mundial contra la impunidad. La CPI es la primera institución judicial penal permanente de carácter universal establecida para enjuiciar a los autores de los crímenes más graves de interés para la comunidad internacional en su conjunto.

La UE participa activamente en el apoyo a la justicia penal internacional. Apoya el fortalecimiento de la cooperación entre estados a través de Eurojust y la Red Europea para la investigación y enjuiciamiento del genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra.

Los autores de tan graves delitos han de comparecer ante la justicia y rendir cuentas: Nadie, sea quién sea y esté dónde esté, podrá burlar la Justicia.

17/7/2023, día de la Justicia Penal Internacional
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Los derechos de las personas en Xinjiang

Evaluación de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU sobre los problemas de derechos humanos

La Evaluación del ACNUDH sobre las preocupaciones de derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, República Popular China es un informe publicado el 31 de agosto de 2022 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre el trato que reciben los uigures y otros grupos mayoritariamente musulmanes en China. El informe concluye que «la extensión de la detención arbitraria y discriminatoria de miembros de los uigures y otros grupos predominantemente musulmanes, de conformidad con la ley y la política, en el contexto de las restricciones y la privación más general de los derechos fundamentales de que gozan individual y colectivamente, puede constituir crímenes internacionales, en particular crímenes de lesa humanidad.»[1][2][3]

informe de las Naciones Unidas sobre el genocidio uigur en China, publicado en 2022

Violencia sexual y guerra

La impunidad ante las agresiones a las mujeres en Ucrania solo se combatirá reuniendo pruebas contra los culpables

Protesta de mujeres ante la Embajada rusa en Lituania denunciando los crímenes contra las mujeres cometidos durante la invasión de Ucrania.
EFE

Publicado en El País, editorial , 19 de abril, 2022

La retirada de las tropas rusas de las ciudades ocupadas en Ucrania ha sacado a la luz el horror de las ejecuciones de civiles y un número cada vez mayor de casos de violencia sexual contra mujeres, incluido el secuestro y violación por parte de soldados del Ejército ruso de 25 jóvenes. Entre ellas había niñas de 14 años que fueron retenidas durante un mes en un sótano, según han denunciado el alcalde de Bucha y la Defensora del Pueblo de los Derechos Humanos de Ucrania. Unicef y ONU Mujeres han pedido una investigación independiente sobre las agresiones sexuales, consideradas parte de los crímenes de guerra.

Las violaciones en grupo y las agresiones sexuales denunciadas en Ucrania son congruentes con un tipo de ofensiva como la que Vladímir Putin ha diseñado, con ataques indiscriminados contra la población civil, fuerte presencia de mercenarios y una marcada voluntad de castigo contra la desafección a la causa rusa. La violencia sexual se utiliza como un arma de guerra destinada a causar terror en la población y desmoralizar a quienes integran la resistencia contra el ejército invasor.

Cada vez hay más mujeres en los ejércitos, y en la guerra de Ucrania muchas jóvenes se han unido a los grupos de combate y resistencia. Tanto las mujeres que huyen de los bombardeos para proteger a los niños como las que permanecen en las ciudades sitiadas y ocupadas se convierten en un soporte esencial para la subsistencia de la población vulnerable. En ese contexto, violar y matar a las mujeres y a las niñas es una forma de destruir la comunidad, como hemos visto en el conflicto del Congo, donde se estima que cerca de 500.000 mujeres han sido objeto de agresiones sexuales por parte de soldados en los últimos veinte años. La guerra suele ir acompañada de una exaltación de la hipermasculinidad y para muchos combatientes, tomar el cuerpo de las mujeres de la comunidad vencida forma parte de la conquista del territorio. Otra fuente dramática de vulnerabilidad está en la trata de mujeres. La frontera y la desesperación de la huida es el caldo de cultivo para las redes mafiosas dispuestas a victimizar doblemente a las mujeres con engaños y abusos que a menudo acaban en un camino sin retorno hacia la prostitución.

Reunir pruebas de las agresiones sexuales cometidas, como ya han empezado a hacer la Fiscalía ucrania y el Tribunal Penal Internacional, es una tarea imprescindible para que los responsables tengan que rendir algún día cuentas. La resolución 1325 de Naciones Unidas, adoptada en octubre de 2000, insta a garantizar la protección de mujeres y niñas frente a violaciones y otros abusos sexuales en situaciones de guerra. El Tribunal Penal Internacional condenó en 2019 al ruandés Bosco Ntaganda a 30 años de prisión por 18 crímenes de guerra, que incluían violaciones y esclavitud sexual. Solo cuando cesen los combates en Ucrania se conocerá el alcance real de este tipo de violencia. Eso es lo que sucedió en la guerra de los Balcanes, cuando una misión de investigación de la Unión Europea concluyó que más de 20.000 mujeres y niñas habían sido violadas por soldados serbios durante la guerra. Los agresores tienen que tener claro que ninguna de estas violencias puede quedar sin castigo.

El sociólogo Rafael Ruiz: “La descristianización de España tiene cosas muy curiosas”

El profesor de la Universidad Complutense de Madrid publica un libro que analiza el gran cambio religioso que ha experimentado el país. La secularización pasó a ser más efectiva cuando empezó a basarse en la indiferencia, asegura

Rafael Ruiz (Palencia) es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y acaba de publicar La secularización en España (Cátedra), un libro que analiza el gran cambio religioso que ha llevado al país a ser una de las sociedades europeas donde más ha retrocedido el cristianismo en las últimas décadas.

Publicado en El País,

IGNACIO ZAFRA

Valencia – 16 ABR 2022 – 05:30 CEST

Pregunta. Sitúa el inicio de la secularización en España a finales del siglo XIX, en una primera ola marcadamente anticatólica.

Respuesta. Hay quien remonta el inicio mucho más atrás, pero las muestras de secularización se aprecian con más claridad en esa época. Tienen como correlato, más que el anticatolicismo, el anticlericalismo, lo cual está relacionado con el hecho de que el poder de la Iglesia en la estructura social del país era inmenso. El Estado liberal se construye en parte, como en otros países de tradición católica, sustrayendo espacios que controlaba la Iglesia, sus instituciones hospitalarias, educativas, etcétera. Ese carácter anticlerical, a veces también antirreligioso, empezó siendo intelectual y pasó a los movimientos obreros.

P. Asegura que la recristianización del Franquismo fue más aparente que real. Y que la segunda ola de secularización comenzó en plena dictadura.

R. El catolicismo estaba muy extendido durante el franquismo, particularmente en algunas regiones. Y en los años cuarenta y cincuenta sí hubo una cierta recristianización de las lógicas cotidianas, aunque no fue total, como en el mito que planteaba el régimen, sino que tuvo como límite la memoria de la primera oleada de secularización; el franquismo fue más efectivo en silenciar a los que estaban en contra de su ideología nacionalcatólica que en convencerlos. Y en los años sesenta empezó la segunda ola de secularización. La España del desarrollismo y más tecnocrática tuvo como efecto no deseado la promoción de una secularización que más que conectar con el anticlericalismo anterior, fue protagonizada por unos jóvenes que experimentan nuevas formas de socialización y de plantear la sexualidad, que en algunos casos practican un activismo político y, más en general, cortan, no tanto con la identidad católica, como con un modo de vivir el catolicismo muy marcado por la moral, la práctica y la apariencia.

P. ¿La descristianización de España pasa a basarse a partir de ese momento sobre todo en la indiferencia?

R. Sí. La corriente anticlerical no desaparece, siempre ha tenido un peso importante, quizá porque al menos hasta finales del siglo XX la presencia del catolicismo en España ha sido mayor que en otros países del entorno, pero es minoritaria. A partir de los años sesenta, como en otros países occidentales, lo que hay es un movimiento mucho más tranquilo y a la vez mucho más masivo. Un ‘ir dejándolo’ que fue mucho más efectivo como dinámica de secularización, porque se situaba fuera del debate del catolicismo. El indiferente puede ir a un bautizo o una comunión, pero en realidad ya ha salido del campo religioso.

P. ¿El vaciamiento de la España rural aceleró el abandono del catolicismo?

R. Sí, sobre todo en la España rural del norte, donde la vida cotidiana estaba regida en gran medida por la Iglesia y el cura, y era uno de los focos más importantes de preservación del catolicismo. A partir de los años sesenta, muchos de sus habitantes se van a vivir a las ciudades y se instalan normalmente en suburbios, donde la Iglesia no tiene ese papel definitorio, y muchos cortan. Iban a misa porque formaba parte de lo que se hacía en el pueblo, pero al no sentir esa presión social, lo dejan. Hay testimonios de curas que dicen: ‘Este chico ha ido a la ciudad, y dice que como ha visto mundo ya no va a la iglesia’. Quizá al volver al pueblo de visita acompaña a sus padres a misa el domingo, pero su vida va por otro lado. Un dato interesante es que mientras España se fue convirtiendo en un país cada vez más urbanizado, la extracción principal de los seminaristas siguió siendo rural, lo cual es una de las explicaciones de por qué los seminarios pierden tanta fuerza a partir de los sesenta.

P. Menciona algunas diferencias territoriales sorprendentes en el proceso de descristianización.

R. Hay cosas muy curiosas. Tendemos a pensar en evoluciones lineales, pero la secularización es fruto, en realidad, de muchos procesos, y según cómo se mezclen los ingredientes salen platos muy distintos. El País Vasco, que es una de las zonas más secularizadas hoy, junto a Cataluña y Madrid, en los años sesenta era profundamente religioso. Hay estudios que hablan, y es una idea que puede funcionar parcialmente, del nacionalismo como religión de sustitución. En Andalucía, en cambio, pasó al revés. En las primeras estadísticas religiosas, de los años cincuenta y sesenta, Andalucía, donde el anticlericalismo había sido muy poderoso, era una de las zonas menos religiosas de España. Y hoy es una de las que presenta mayores muestras de religiosidad. Se ve, por ejemplo, en el porcentaje de matrimonios católicos. La fusión entre identidad local, religiosidad popular y catolicismo ha sido en cierto modo una receta de éxito. Otra cosa sería analizar hasta qué punto es efectiva esa religiosidad un martes de noviembre, es decir, en un día cotidiano. Pero ese catolicismo cultural estructurado alrededor de la cofradía y la hermandad, con una serie de ritos a lo largo del año, ha permitido allí una pervivencia mayor de la identidad católica.

P. ¿Qué efecto espera que tengan los escándalos por los abusos sexuales a menores?

R. Antes de los escándalos, la confianza de la sociedad en la Iglesia ya estaba en mínimos históricos, y esto será otro motivo de desafección frente a la institución, que ha sido una de las dinámicas de la secularización. También habrá que ver cómo reacciona la Iglesia en este momento crítico. Si muestra un corte tajante con las prácticas del pasado y un repensar la Iglesia a partir de esta crisis, como ha planteado el papa Francisco, quizá incluso pudiera recuperar un poco de confianza, pero de momento lo que va a pesar es el impacto.

P. ¿Cree que quitar la religión del horario escolar generaría polémica social o que pasaría más bien desapercibido?

R. Hay una parte de la sociedad que no se activa fácilmente por la conflictividad social, política o mediática. La mayor parte de los ciudadanos lo que quieren es trabajar, descansar, ocio, llegar a fin de mes. Pero desde hace unos años nuestra realidad también está marcada por cierto efecto de polarización. Eliminar la asignatura de religión, para una amplia parte de la sociedad podría no significar nada. Pero creo que de una forma no tan inmediata podría alimentar esa dinámica de polarización.

P. Señala que hay una creciente corriente de espiritualidad en España, sobre todo entre personas jóvenes, que ya no católica.

R. En las últimas décadas, el catolicismo, entendido como práctica religiosa, ha perdido peso. Como identidad también, aunque menos. Es difícil encontrar en España una sola identidad que tenga tanta representación; dependiendo de la estadística, se habla del 60%, 65%, 59%… Los demás, ese otro 40%, no son católicos, pero solo una parte de ellos son ateos. No nos hemos parado a analizar y a pensar a fondo en estos otros fenómenos de religiosidad y espiritualidad, que son interesantísimos.

SOBRE LA FIRMA

Ignacio Zafra

Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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Críticas a la decisión de los talibanes de mantener el veto a la educación para las niñas de secundaria


@ UNICEF/Rezayee
En el Afganistán, el UNICEF trabaja en la matriculación y la retención de los niños más vulnerables, especialmente los que no asisten a la escuela y las niñas.

La Alta Comisionada para los derechos humanos y la directora de UNICEF han criticado la decisión de los talibanes de mantener a las estudiantes de secundaria sin poder asistir a la escuela en Afganistán.

Michelle Bachelet dijo que el incumplimiento por parte de las autoridades de facto de los compromisos de reabrir las escuelas para las niñas a partir del sexto grado se produce a pesar de los reiterados compromisos, incluso durante su visita a Kabul hace dos semanas. “Es profundamente perjudicial para Afganistán”, sostuvo Bachelet.

UNICEF considera que la decisión es “un gran retroceso para las niñas y su futuro” e insta a las autoridades de facto “a que cumplan su compromiso” “sin más demoras”.

La ONU reitera “la importancia de mantener el pleno compromiso” con el proceso político en el Sáhara Occidental

ONU/Martine Perret
El personal de mantenimiento de la paz está destinado en el Sáhara Occidental desde 1991, cuando se estableció la misión de la ONU, la MINURSO.

La ONU ha reiterado “la importancia de mantener el pleno compromiso con el proceso político facilitado por la ONU” en el Sáhara Occidental, de acuerdo con la resolución 2602 y otras resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad.  

El enviado personal del Secretario General para el Sahara Occidental, Staffan de Mistura, se ha reunido este lunes con el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, después de que el gobierno de Pedro Sánchez decidiera apoyar el plan de autonomía de Marruecos.

“Creemos que es muy importante que todas las partes interesadas en esto sigan apoyando su trabajo (del enviado especial) y nuestro enfoque basado en estas resoluciones”, dijo el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric.

La resolución 2602 del Consejo de Seguridad, de 2021, “pone de relieve la necesidad de alcanzar una solución política a la cuestión del Sáhara Occidental que sea realista, viable, duradera y aceptable para todas las partes” y “exhorta a las partes a que reanuden las negociaciones bajo los auspicios del Secretario General”.