Los derechos de las personas en Xinjiang

Evaluación de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU sobre los problemas de derechos humanos

La Evaluación del ACNUDH sobre las preocupaciones de derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, República Popular China es un informe publicado el 31 de agosto de 2022 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre el trato que reciben los uigures y otros grupos mayoritariamente musulmanes en China. El informe concluye que «la extensión de la detención arbitraria y discriminatoria de miembros de los uigures y otros grupos predominantemente musulmanes, de conformidad con la ley y la política, en el contexto de las restricciones y la privación más general de los derechos fundamentales de que gozan individual y colectivamente, puede constituir crímenes internacionales, en particular crímenes de lesa humanidad[1][2][3]

informe de las Naciones Unidas sobre el genocidio uigur en China, publicado en 2022

Violencia sexual y guerra

La impunidad ante las agresiones a las mujeres en Ucrania solo se combatirá reuniendo pruebas contra los culpables

Protesta de mujeres ante la Embajada rusa en Lituania denunciando los crímenes contra las mujeres cometidos durante la invasión de Ucrania.
EFE

Publicado en El País, editorial , 19 de abril, 2022

La retirada de las tropas rusas de las ciudades ocupadas en Ucrania ha sacado a la luz el horror de las ejecuciones de civiles y un número cada vez mayor de casos de violencia sexual contra mujeres, incluido el secuestro y violación por parte de soldados del Ejército ruso de 25 jóvenes. Entre ellas había niñas de 14 años que fueron retenidas durante un mes en un sótano, según han denunciado el alcalde de Bucha y la Defensora del Pueblo de los Derechos Humanos de Ucrania. Unicef y ONU Mujeres han pedido una investigación independiente sobre las agresiones sexuales, consideradas parte de los crímenes de guerra.

Las violaciones en grupo y las agresiones sexuales denunciadas en Ucrania son congruentes con un tipo de ofensiva como la que Vladímir Putin ha diseñado, con ataques indiscriminados contra la población civil, fuerte presencia de mercenarios y una marcada voluntad de castigo contra la desafección a la causa rusa. La violencia sexual se utiliza como un arma de guerra destinada a causar terror en la población y desmoralizar a quienes integran la resistencia contra el ejército invasor.

Cada vez hay más mujeres en los ejércitos, y en la guerra de Ucrania muchas jóvenes se han unido a los grupos de combate y resistencia. Tanto las mujeres que huyen de los bombardeos para proteger a los niños como las que permanecen en las ciudades sitiadas y ocupadas se convierten en un soporte esencial para la subsistencia de la población vulnerable. En ese contexto, violar y matar a las mujeres y a las niñas es una forma de destruir la comunidad, como hemos visto en el conflicto del Congo, donde se estima que cerca de 500.000 mujeres han sido objeto de agresiones sexuales por parte de soldados en los últimos veinte años. La guerra suele ir acompañada de una exaltación de la hipermasculinidad y para muchos combatientes, tomar el cuerpo de las mujeres de la comunidad vencida forma parte de la conquista del territorio. Otra fuente dramática de vulnerabilidad está en la trata de mujeres. La frontera y la desesperación de la huida es el caldo de cultivo para las redes mafiosas dispuestas a victimizar doblemente a las mujeres con engaños y abusos que a menudo acaban en un camino sin retorno hacia la prostitución.

Reunir pruebas de las agresiones sexuales cometidas, como ya han empezado a hacer la Fiscalía ucrania y el Tribunal Penal Internacional, es una tarea imprescindible para que los responsables tengan que rendir algún día cuentas. La resolución 1325 de Naciones Unidas, adoptada en octubre de 2000, insta a garantizar la protección de mujeres y niñas frente a violaciones y otros abusos sexuales en situaciones de guerra. El Tribunal Penal Internacional condenó en 2019 al ruandés Bosco Ntaganda a 30 años de prisión por 18 crímenes de guerra, que incluían violaciones y esclavitud sexual. Solo cuando cesen los combates en Ucrania se conocerá el alcance real de este tipo de violencia. Eso es lo que sucedió en la guerra de los Balcanes, cuando una misión de investigación de la Unión Europea concluyó que más de 20.000 mujeres y niñas habían sido violadas por soldados serbios durante la guerra. Los agresores tienen que tener claro que ninguna de estas violencias puede quedar sin castigo.

El sociólogo Rafael Ruiz: “La descristianización de España tiene cosas muy curiosas”

El profesor de la Universidad Complutense de Madrid publica un libro que analiza el gran cambio religioso que ha experimentado el país. La secularización pasó a ser más efectiva cuando empezó a basarse en la indiferencia, asegura

Rafael Ruiz (Palencia) es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y acaba de publicar La secularización en España (Cátedra), un libro que analiza el gran cambio religioso que ha llevado al país a ser una de las sociedades europeas donde más ha retrocedido el cristianismo en las últimas décadas.

Publicado en El País,

IGNACIO ZAFRA

Valencia – 16 ABR 2022 – 05:30 CEST

Pregunta. Sitúa el inicio de la secularización en España a finales del siglo XIX, en una primera ola marcadamente anticatólica.

Respuesta. Hay quien remonta el inicio mucho más atrás, pero las muestras de secularización se aprecian con más claridad en esa época. Tienen como correlato, más que el anticatolicismo, el anticlericalismo, lo cual está relacionado con el hecho de que el poder de la Iglesia en la estructura social del país era inmenso. El Estado liberal se construye en parte, como en otros países de tradición católica, sustrayendo espacios que controlaba la Iglesia, sus instituciones hospitalarias, educativas, etcétera. Ese carácter anticlerical, a veces también antirreligioso, empezó siendo intelectual y pasó a los movimientos obreros.

P. Asegura que la recristianización del Franquismo fue más aparente que real. Y que la segunda ola de secularización comenzó en plena dictadura.

R. El catolicismo estaba muy extendido durante el franquismo, particularmente en algunas regiones. Y en los años cuarenta y cincuenta sí hubo una cierta recristianización de las lógicas cotidianas, aunque no fue total, como en el mito que planteaba el régimen, sino que tuvo como límite la memoria de la primera oleada de secularización; el franquismo fue más efectivo en silenciar a los que estaban en contra de su ideología nacionalcatólica que en convencerlos. Y en los años sesenta empezó la segunda ola de secularización. La España del desarrollismo y más tecnocrática tuvo como efecto no deseado la promoción de una secularización que más que conectar con el anticlericalismo anterior, fue protagonizada por unos jóvenes que experimentan nuevas formas de socialización y de plantear la sexualidad, que en algunos casos practican un activismo político y, más en general, cortan, no tanto con la identidad católica, como con un modo de vivir el catolicismo muy marcado por la moral, la práctica y la apariencia.

P. ¿La descristianización de España pasa a basarse a partir de ese momento sobre todo en la indiferencia?

R. Sí. La corriente anticlerical no desaparece, siempre ha tenido un peso importante, quizá porque al menos hasta finales del siglo XX la presencia del catolicismo en España ha sido mayor que en otros países del entorno, pero es minoritaria. A partir de los años sesenta, como en otros países occidentales, lo que hay es un movimiento mucho más tranquilo y a la vez mucho más masivo. Un ‘ir dejándolo’ que fue mucho más efectivo como dinámica de secularización, porque se situaba fuera del debate del catolicismo. El indiferente puede ir a un bautizo o una comunión, pero en realidad ya ha salido del campo religioso.

P. ¿El vaciamiento de la España rural aceleró el abandono del catolicismo?

R. Sí, sobre todo en la España rural del norte, donde la vida cotidiana estaba regida en gran medida por la Iglesia y el cura, y era uno de los focos más importantes de preservación del catolicismo. A partir de los años sesenta, muchos de sus habitantes se van a vivir a las ciudades y se instalan normalmente en suburbios, donde la Iglesia no tiene ese papel definitorio, y muchos cortan. Iban a misa porque formaba parte de lo que se hacía en el pueblo, pero al no sentir esa presión social, lo dejan. Hay testimonios de curas que dicen: ‘Este chico ha ido a la ciudad, y dice que como ha visto mundo ya no va a la iglesia’. Quizá al volver al pueblo de visita acompaña a sus padres a misa el domingo, pero su vida va por otro lado. Un dato interesante es que mientras España se fue convirtiendo en un país cada vez más urbanizado, la extracción principal de los seminaristas siguió siendo rural, lo cual es una de las explicaciones de por qué los seminarios pierden tanta fuerza a partir de los sesenta.

P. Menciona algunas diferencias territoriales sorprendentes en el proceso de descristianización.

R. Hay cosas muy curiosas. Tendemos a pensar en evoluciones lineales, pero la secularización es fruto, en realidad, de muchos procesos, y según cómo se mezclen los ingredientes salen platos muy distintos. El País Vasco, que es una de las zonas más secularizadas hoy, junto a Cataluña y Madrid, en los años sesenta era profundamente religioso. Hay estudios que hablan, y es una idea que puede funcionar parcialmente, del nacionalismo como religión de sustitución. En Andalucía, en cambio, pasó al revés. En las primeras estadísticas religiosas, de los años cincuenta y sesenta, Andalucía, donde el anticlericalismo había sido muy poderoso, era una de las zonas menos religiosas de España. Y hoy es una de las que presenta mayores muestras de religiosidad. Se ve, por ejemplo, en el porcentaje de matrimonios católicos. La fusión entre identidad local, religiosidad popular y catolicismo ha sido en cierto modo una receta de éxito. Otra cosa sería analizar hasta qué punto es efectiva esa religiosidad un martes de noviembre, es decir, en un día cotidiano. Pero ese catolicismo cultural estructurado alrededor de la cofradía y la hermandad, con una serie de ritos a lo largo del año, ha permitido allí una pervivencia mayor de la identidad católica.

P. ¿Qué efecto espera que tengan los escándalos por los abusos sexuales a menores?

R. Antes de los escándalos, la confianza de la sociedad en la Iglesia ya estaba en mínimos históricos, y esto será otro motivo de desafección frente a la institución, que ha sido una de las dinámicas de la secularización. También habrá que ver cómo reacciona la Iglesia en este momento crítico. Si muestra un corte tajante con las prácticas del pasado y un repensar la Iglesia a partir de esta crisis, como ha planteado el papa Francisco, quizá incluso pudiera recuperar un poco de confianza, pero de momento lo que va a pesar es el impacto.

P. ¿Cree que quitar la religión del horario escolar generaría polémica social o que pasaría más bien desapercibido?

R. Hay una parte de la sociedad que no se activa fácilmente por la conflictividad social, política o mediática. La mayor parte de los ciudadanos lo que quieren es trabajar, descansar, ocio, llegar a fin de mes. Pero desde hace unos años nuestra realidad también está marcada por cierto efecto de polarización. Eliminar la asignatura de religión, para una amplia parte de la sociedad podría no significar nada. Pero creo que de una forma no tan inmediata podría alimentar esa dinámica de polarización.

P. Señala que hay una creciente corriente de espiritualidad en España, sobre todo entre personas jóvenes, que ya no católica.

R. En las últimas décadas, el catolicismo, entendido como práctica religiosa, ha perdido peso. Como identidad también, aunque menos. Es difícil encontrar en España una sola identidad que tenga tanta representación; dependiendo de la estadística, se habla del 60%, 65%, 59%… Los demás, ese otro 40%, no son católicos, pero solo una parte de ellos son ateos. No nos hemos parado a analizar y a pensar a fondo en estos otros fenómenos de religiosidad y espiritualidad, que son interesantísimos.

SOBRE LA FIRMA

Ignacio Zafra

Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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Críticas a la decisión de los talibanes de mantener el veto a la educación para las niñas de secundaria


@ UNICEF/Rezayee
En el Afganistán, el UNICEF trabaja en la matriculación y la retención de los niños más vulnerables, especialmente los que no asisten a la escuela y las niñas.

La Alta Comisionada para los derechos humanos y la directora de UNICEF han criticado la decisión de los talibanes de mantener a las estudiantes de secundaria sin poder asistir a la escuela en Afganistán.

Michelle Bachelet dijo que el incumplimiento por parte de las autoridades de facto de los compromisos de reabrir las escuelas para las niñas a partir del sexto grado se produce a pesar de los reiterados compromisos, incluso durante su visita a Kabul hace dos semanas. “Es profundamente perjudicial para Afganistán”, sostuvo Bachelet.

UNICEF considera que la decisión es “un gran retroceso para las niñas y su futuro” e insta a las autoridades de facto “a que cumplan su compromiso” “sin más demoras”.

La ONU reitera “la importancia de mantener el pleno compromiso” con el proceso político en el Sáhara Occidental

ONU/Martine Perret
El personal de mantenimiento de la paz está destinado en el Sáhara Occidental desde 1991, cuando se estableció la misión de la ONU, la MINURSO.

La ONU ha reiterado “la importancia de mantener el pleno compromiso con el proceso político facilitado por la ONU” en el Sáhara Occidental, de acuerdo con la resolución 2602 y otras resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad.  

El enviado personal del Secretario General para el Sahara Occidental, Staffan de Mistura, se ha reunido este lunes con el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, después de que el gobierno de Pedro Sánchez decidiera apoyar el plan de autonomía de Marruecos.

“Creemos que es muy importante que todas las partes interesadas en esto sigan apoyando su trabajo (del enviado especial) y nuestro enfoque basado en estas resoluciones”, dijo el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric.

La resolución 2602 del Consejo de Seguridad, de 2021, “pone de relieve la necesidad de alcanzar una solución política a la cuestión del Sáhara Occidental que sea realista, viable, duradera y aceptable para todas las partes” y “exhorta a las partes a que reanuden las negociaciones bajo los auspicios del Secretario General”.

Naciones Unidas exige al Kremlin poner fin a la guerra de Ucrania

Que terminen inmediatamente las hostilidades, que se sielencien las armas inmediatamante y que se abra inmediatamente la puerta al diálogo y la diplomacia”

“De los 193 países miembros, 141 votaron a favor y solo cinco en contra. Únicamente Bielorrusia, Corea del Norte, Siria y Eritrea apoyaron a Rusia. Cabe destacar que China, Venezuela y Cuba, aliadas tradicionales de Moscú, decidieron abstenerse.”

La integridad territorial y la soberanía de Ucrania deben ser respetadas, en línea con la Carta de las Naciones Unidas. No tenemos tiempo que perder. Los efectos brutales de este conflicto saltan a la vista, pero por mucho que la situación del pueblo ucraniano sea mala en la actualidad, existe la amenaza de que sea mucho peor», conlcuyó.

La votación tuvo lugar en la que ha sido la primera sesión de emergencia convocada por la Asamblea General desde 1997. El llamamiento a esta votación lo realizaron los países occidentales, después de que Rusia vetase una resolución similar del Consejo de Seguridad.

Una Rusia «aislada y sola»

El embajador ruso en la ONU, Vassily Nebenzia, negó que Moscú estuviera atacando a civiles y reaccionó a la votación defendiendo que esta condena puede contribuir a una nueva escalada de violencia.

El representante de la Unión Europea, Olof Skoog, calificó el voto como «histórico» y aseguró que «el Gobierno ruso está cada vez más solo. Rusia ha elegido la agresión. El mundo ha elegido la paz», dijo.

La representante estadounidense, Linda Thomas-Greenfield, destacó por su parte: «Hemos demostrado que Rusia está aislada y sola y que el coste seguirá subiendo hasta que Rusia ceda».

AFGANISTÁN SE HUNDE BAJO EL CONTROL TALIBÁN

Ángeles Espinosa, Dubái, publicado en El País, 27/11/21

Tres meses después de que los talibanes se hicieran con el poder en Afganistán, el país asiático se hunde en la miseria. La cifra aleatoria de sus 100 días en el Gobierno, franqueada el pasado martes, está sirviendo para hacer balance de la situación. Nada que celebrar. El país es más pobre que el 15 de agosto, se ha quedado aislado y el colapso de su economía ha anulado los esperados réditos de la paz. Las promesas de los fundamentalistas de respetar los derechos humanos, incluidos los de las mujeres y la libertad de prensa, de se han probado hueras, dificultando tanto su reconocimiento como la asistencia internacional.

Los talibanes se han esforzado por mostrar una imagen más moderada que cuando gobernaron el país en los años noventa del siglo pasado. “Nuestra visión para el futuro de Afganistán es una sociedad abierta, diversa, donde la gente tiene libertad de movimiento, libertad de expresión y los demás derechos que el islam otorga a las personas”, ha declarado el portavoz de Exteriores, Abdulqahar Balkhi.

Sus palabras suenan bien a falta de aclarar qué límites marca su interpretación del islam. Los hechos hacen temer que haya cambiado poco desde su anterior dictadura. La diversidad del país no se ha reflejado en el Gobierno. A pesar de una anunciada amnistía general, muchos de quienes colaboraron con las fuerzas extranjeras están siendo perseguidos; hay constancia de ejecuciones públicas en algunas ciudades, y la libertad de prensa ha desaparecido junto a 257 medios de comunicación. Pero lo que está poniendo a prueba sus intenciones es, sobre todo, el trato a las mujeres.

Es cierto que esta vez no les han impuesto el burka, el sayón que cubre de la cabeza a los pies con una rejilla a la altura de los ojos, ni prohibido salir a la calle sin la compañía de un varón de la familia. Sin embargo, no se está permitiendo que las afganas vuelvan al trabajo, salvo en los hospitales y alguna actividad concreta, ni han reabierto las escuelas secundarias para chicas. Quienes vivieron bajo su férula ya escucharon entonces la excusa de que necesitan tiempo para crear un ambiente seguro. Y la reciente “recomendación” a las televisiones para que no emitan películas en las que aparezcan mujeres ha confirmado los peores presagios.

Cada día nos imponen más restricciones y no podemos decir la verdad”, confía un empresario de la comunicación de etnia pastún (como la mayoría de los talibanes) y que al principio no se sintió amenazado por el nuevo régimen. Al contrario, le dio el beneficio de la duda ante la corrupción del anterior Gobierno y lo que percibía como una discriminación de su comunidad por parte de los afganos persófonos que, según él, controlaban las palancas de la República. Tres meses después pide el anonimato para hablar y planea salir del país. “Esperábamos que hubieran cambiado, pero poco a poco están mostrando sus verdaderos colores”, resume.

Thomas Ruttig, uno de los mayores expertos en Afganistán y codirector del centro de estudios Afghan Analysts Network, coincide en que el balance es negativo. “Ha supuesto un paso atrás en los derechos humanos y cívicos de los afganos”, afirma durante una conversación telefónica. No obstante, considera que “aún está por ver si es el resultado de una política sistemática de los talibanes o de comportamientos individuales y falta de cohesión del grupo”.

Este analista opina que también se trata de “un fracaso de Occidente porque no construyó un marco institucional al que los afganos descontentos pudieran recurrir para hacer oposición de forma efectiva”. Asegura que no existía una sociedad civil independiente. “Como sucedía con las fuerzas de seguridad, dependía de la financiación extranjera y al fallar esta, ha sido incapaz de sobrevivir”, explica. Los fundamentalistas enseguida reprimieron las protestas, organizadas por pequeños grupos de mujeres y sin una estructura de apoyo.

“Lo único positivo, según me cuentan los afganos, es el fin de los combates”, señala. Aunque el Estado Islámico (IS-KP) ha realizado algunos atentados, la situación ha mejorado de forma significativa, sobre todo en las zonas que se encontraban bajo control talibán desde tiempo atrás. “La gente está contenta de que ya no haya drones sobrevolando sus cabezas y de poder ir a trabajar a los campos incluso de noche”, añade.

Aun así, ese ansiado beneficio ha quedado ahogado por la pérdida de la ayuda internacional y el aislamiento que afronta el nuevo régimen.

Los talibanes se hicieron con las riendas de Afganistán sin planes sobre cómo gestionar el país. En la embriaguez del paseo triunfal que les granjeó el derrumbe del Gobierno de Ashraf Ghani olvidaron que el compromiso de ayuda de Estados Unidos era contingente a que no conquistaran militarmente Kabul y compartieran el poder con el resto de los grupos afganos. Su avance sobre la capital supuso la ruptura de relaciones de los países que aportaban el equivalente a un 43% de su producto interior bruto (PIB) y financiaban el 75% de su gasto público.

Las sanciones por terrorismo que la ONU y Estados Unidos habían impuesto al grupo armado y a sus líderes afectan ahora al Gobierno provisional. Como resultado, Washington congeló las reservas afganas de divisas (9.000 millones de dólares) que guardaba en sus depósitos de la Reserva Federal y se interrumpió la ayuda extranjera. Incluso la asistencia humanitaria, para la que se han hecho exenciones, encuentra dificultades ante el bloqueo del sector bancario. La escasez de dinero en efectivo ha impulsado los precios al alza a la vez que se depreciaba la moneda nacional, el afgani.

Las consecuencias de ese colapso económico, sumadas a la grave sequía que ya padecía el país, han sido catastróficas para la población. Apenas un mes después de la caída de Kabul, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) calculaba que el 95% de los cerca de 40 millones de afganos no tenían suficiente comida. Con la llegada del invierno, 23 millones están en riesgo de hambruna, entre ellos tres millones de niños menores de cinco años, tanto en el campo como en las ciudades.

Ya el pasado septiembre se podía ver en Afganistán que muchas familias empezaban a vender sus enseres no solo para emigrar sino, a menudo, simplemente para subsistir. En todas las ciudades surgían mercados de segunda mano en los que se desprendían de muebles, alfombras, electrodomésticos y vajillas. Hace un mes, empezaron a llegar noticias estremecedoras de padres que recurrían a vender a sus hijas, incluso bebés. Es difícil imaginar mayor desesperación, o ponerse en el lugar de una madre afgana.

Los dirigentes talibanes piden que se reconozca la legitimidad de su Gobierno, se suspendan las sanciones contra ellos, se les permita el acceso a las reservas afganas sin condiciones y se trate a Afganistán como un país soberano. “¿Cómo vamos a facilitar servicios si nos cortan los recursos extranjeros y las organizaciones internacionales suspenden su ayuda?”, preguntaba el viceministro de Sanidad Abdulbari Omar, durante una reciente conferencia de prensa.

Para Ali Yawar Adili, un analista político afgano que ya ha abandonado el país, “estos 100 días se han caracterizado por profundas contradicciones”. Piensa que, en algunos aspectos, han resultado peor de lo esperado. “Culpan al anterior Gobierno y a la comunidad internacional, sin asumir que la situación actual es consecuencia de su campaña militar”, dice. No obstante, les reconoce algo de éxito en “consolidarse como la única opción viable [de Gobierno] y asegurarse una plaza en varias plataformas regionales como el proceso de Moscú”.

Aunque los principales donantes y organizaciones internacionales siguen hablando con los talibanes, el reto que afrontan no es solo encontrar vías para ayudar a una población crecientemente empobrecida sorteando a la nueva administración. Hay también problemas éticos. Los fundamentalistas aceptan de buen grado la asistencia extranjera, pero mantienen políticas que la dificultan.

Además de carecer de planes económicos, están dando prioridad a pagar a sus combatientes, mientras que los empleados públicos llevan tres meses sin cobrar. De momento, la ONU anunció a principios de este mes que había pagado directamente a 23.500 sanitarios. También ha mostrado su voluntad de hacer lo propio con los maestros. Como ha tuiteado Heather Barr de Human Rights Watch, sería más fácil si reabrieran las escuelas secundarias para chicas. Su cierre plantea un dilema a los donantes “que no pueden financiar sistemas discriminatorios”.

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