La ambiciosa improvisación de Europa


Hay que sincronizar los presupuestos nacionales, coordinar la política económica y mutualizar la deuda
Janis A. Emmanouilidis 9 AGO 2012 – 00:04 CET

Tras la escalada de la crisis del euro y las decisiones adoptadas en la última cumbre de la Unión Europea, especialmente el compromiso de los líderes de la UE a emprender el camino “hacia una verdadera unión económica y monetaria”, tenemos que preguntarnos qué viene después. Sea cual sea el resultado final, la crisis actual dará forma de manera fundamental al futuro de la integración europea.

En el peor de los casos, la crisis de la deuda soberana de Europa podría provocar la implosión de la Eurozona, con efectos negativos inmediatos para la propia UE. Afortunadamente, se trata de una situación todavía poco probable, ya que los países de la UE (tanto dentro como fuera de la Eurozona) parecen dispuestos a evitar la gran catástrofe económica, financiera, política y social que implicaría. Pero con el tiempo ha aumentado el peligro de una desintegración fundamental, llegando hoy a ser un riesgo que no se puede excluir.

Al mismo tiempo, parece poco probable que los Estados miembros se encuentren preparados y sean capaces de dar un gran salto hacia unos “Estados Unidos de Europa”, es decir, una genuina entidad federal en la que acepten renunciar a parte de su soberanía nacional a una escala sin precedentes.

Si vemos el historial desde 2010, podemos concluir que el enfoque predominante de la UE en el futuro previsible será la “improvisación”. Pero, a diferencia del pasado, las crecientes presiones existenciales sobre la moneda común y la vigilancia constante por parte de los mercados y los ciudadanos exigirán respuestas políticas audaces que deberán superar con mucho el mínimo común denominador.

Puede que tengamos que reformar los Parlamentos y las Constituciones nacionales

A fin de cuentas, lo más probable es que la “improvisación ambiciosa” lleve a un mayor grado de integración sui generis en lo económico y fiscal (especialmente entre los países de la Eurozona), lo cual incluye una sincronización vinculante de los presupuestos nacionales, mayor coordinación económica y, finalmente, también alguna forma limitada de mutualización de la deuda. En otras palabras, para llegar a una solución de la crisis será necesario profundizar el proyecto europeo, aunque sea imposible predecir el resultado final, ya que surgirá de un complejo proceso de conciliación de posiciones divergentes y opuestas, tanto dentro de la UE como entre los países de la Eurozona.

Los líderes de la UE han pedido a Herman van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, que desarrolle, en estrecha colaboración con los presidentes de la Comisión Europea, el Eurogrupo y el Banco Central Europeo, una hoja de ruta para lograr una “genuina unión económica y monetaria”. El informe final, que se entregará en diciembre de 2012, debe identificar qué pasos adicionales se pueden tomar sobre la base de los tratados vigentes de la UE y para qué medidas es necesaria la modificación de los mismos.

Dada la urgencia de la crisis, podría plantearse la necesidad de establecer acuerdos intergubernamentales adicionales y externos al marco de los actuales tratados de la UE para algunas de las medidas más inmediatas que apunten a un mayor nivel de integración económica y fiscal y que no sean exigibles en la actualidad. Este enfoque no debe ser un objetivo en sí mismo, pero podría ser un mal necesario para evitar el peligro de una implosión del euro.

Sin embargo, si se desea recuperar la coherencia institucional es necesario incorporar tan pronto como sea posible a la legislación básica y central de la Unión los elementos de seguridad jurídica y responsabilidad democrática que son tan esenciales para el “pacto fiscal” y cualesquiera otros acuerdos futuros entre los Gobiernos de la UE. Para avanzar hacia una verdadera unión económica y monetaria también habrá que emprender reformas institucionales más fundamentales. Este proceso no puede limitarse a los Gobiernos: deberá incluir al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales en el marco de una nueva Convención Europea.

Va a ser un camino largo, lleno de baches y arriesgado

Asimismo, para alcanzar un mayor nivel de integración económica, fiscal y política habrá que modificar las Constituciones nacionales. Es inevitable que la ratificación del nuevo Tratado de la Unión Europea y la adaptación de las Constituciones nacionales implique la realización de referendos en varios países. Teniendo en cuenta el rechazo al tratado constitucional de la UE en 2005 en Holanda y Francia y la creciente frustración de los ciudadanos europeos con la Unión y su gestión de la crisis, el resultado sería muy incierto, pero es un riesgo que se debe tomar. El peligro de una implosión del euro o un potencial abandono de la moneda común puede llegar a ser argumento suficientemente sólido como para “persuadir” a la mayoría de los europeos a votar por el sí.

La “improvisación ambiciosa” será un camino largo, lleno de baches y arriesgado que probablemente acabe de modo muy diferente de las expectativas actuales. Sin embargo, antes de que la UE se embarque en esta travesía inevitable e incierta, sus instituciones y Estados miembros (¡apoyados activamente por el Banco Central Europeo!) deben crear una red de seguridad que pueda proteger al euro y a la propia Unión de caer de bruces si en los próximos años la situación se complica más todavía.

Después de todo, es probable que la crisis de la deuda siga generando presiones económicas, fiscales y de mercado. Y, cada vez más, la UE y sus miembros deberán además hacer frente a los “daños colaterales”: sus consecuencias inesperadas e indeseadas en los niveles europeo y nacional.

Entre ellos podemos mencionar un aumento del nacionalismo y el populismo antieuro/UE, los retos sociales que se agravan en muchos de los países miembros, el creciente “déficit democrático” en el interior de ellos y en la UE, el ambiente envenenado entre los países de la UE, y la falta de coaliciones estables y proactivas que empujen en la misma dirección. Podrían llevar a un punto muerto que en la situación actual equivaldría a retroceder, poniendo en peligro no solo las perspectivas de futuro de la integración europea, sino también sus logros pasados.

En estas circunstancias, la “improvisación ambiciosa” es el camino más probable y promisorio. No será fácil ni dará tiempo para la complacencia, pues cabe prever que la UE siga en estado de crisis por algún tiempo. Pero puede que sea la única manera de hacerla avanzar.

Janis A. Emmanouilidis es analista sénior del Centro de Política Europea.
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen.

Griñán llevará al TC el techo de deuda por “romper la igualdad de los españoles”


El presidente andaluz ve “imposibles” los presupuestos para 2013 con un “ataque frontal” que supondría cerrar los 19 hospitales del SAS, despedir a 60.000 funcionarios o cerrar la mitad de los colegios de andaluces.
EUROPA PRESS, SEVILLA
José Antonio Griñán./ José Ángel García

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, ha anunciado este miércoles que la Junta autorizará “todos los recursos por vía contencioso-administrativa y constitucional” contra los acuerdos adoptados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En su opinión, el aumento del límite de endeudamiento para Andalucía supone un “ataque frontal” a esta comunidad que “supone romper la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan” fruto de un “trato discriminatorio” que, de hacerse efectivo, “supondría un golpe durísimo a la educación y sanidad públicas de los andaluces”.

Griñán ha hecho este requerimiento en rueda de prensa en el Palacio de San Telmo un día después de que la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, abandonase la reunión del CPFF como muestra de su “desacuerdo” por el límite de endeudamiento establecido por el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, que obligaría a la Junta a elaborar sus presupuestos para 2013 con 2.735 millones de euros menos.

El presidente de la Junta considera “imposible” elaborar los presupuestos para 2013 “salvo si se cerraran hospitales y escuelas públicas y se opta por la privatización”, algo rechazado por Griñán. “Estamos hablando de cosas serias y de lo mas profundo que es la educación o la sanidad”, agregó Griñán, quien garantizó que se cumplirá la ley “aunque pensamos que es profundamente inconstitucional” y espera que “antes el Gobierno modifique esa decisión”.

El jefe del Ejecutivo andaluz ha convocado para este jueves un Consejo de Gobierno extraordinario que autorizará “todos los recursos por vía contencioso-administrativa y constitucional” contra los acuerdos del CPFF “en defensa de los intereses de Andalucía” y que requerirá al Gobierno central la “revisión” de esta decisión por suponer un “perjuicio notable” para Andalucía.

Griñán también ha adelantado que solicitará la convocatoria de un pleno extraordinario del Parlamento andaluz previa a la Conferencia de Presidentes Autonómicos prevista en septiembre con el objetivo de acudir a esta cita “con una posición unánime en defensa de los intereses de Andalucía”, para lo que también abrirá una ronda de reuniones “con agentes sociales y económicos” que permita cerrar un “acuerdo común frente a este ataque frontal a la educación y la sanidad”.

“Andalucía exige igualdad de trato porque es y se siente parte de España y quiere colaborar con los objetivos comunes de país, pero no puede aceptar un trato discriminatorio que suponga romper la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan”, ha asegurado el presidente andaluz, que ha indicado que el CPFF se produjo “un ataque clarísimo a los intereses de Andalucía que la Junta no va a consentir” porque suponen un “ataque frontal a la igualdad que de hacer efectivos supondrían también un golpe durísimo a la educación y a la sanidad públicas de los andaluces”.

“Discriminaciones por razones políticas o partidarias”

En este sentido, Griñán ha exigido al Gobierno central “responsabilidad y lealtad institucional”, lo que exige “diálogo, comunicaciones previas e información anterior a las reuniones y que no se produzcan imposiciones de ningún tipo”, así como que “no existan discriminaciones por razones políticas o partidarias de unos territorios frente a otros”, ya que considera que ha producido un “claro agravio” a las comunidades gobernadas por el PSOE. A su juicio, ello exige un “reparto equitativo de los costes y los sacrificios de la crisis”, ya que considera que “lo peor que nos puede pasar a los españoles y a los andaluces es que la crisis acabe con la igualdad de oportunidades, cuya máxima expresión se alcanza en educación, sanidad y servicios sociales” de calidad.

“Ayer todos esos objetivos se han puesto en peligro. Reaccionamos como lo hicimos porque los acuerdos del CPFF, que fueron presentados sin previo aviso ni notificación previa, cambiando los objetivos fijados en mayo, modificando planes de reequilibrio ya aprobados, discriminan a Andalucía y a todas las comunidades autónomas que en el inmediato pasado redujimos nuestra deuda mientras que benefician a todas las comunidades que hicieron justamente lo contrario”, ha explicado Griñán, que ha emplazado al Gobierno a explicar por qué rebaja del 15,1 al 13,2 por ciento el límite de deuda para Andalucía mientras que se aumenta para Cataluña del 21,3 al 23,5 por ciento, para Valencia del 22,4 al 23 por ciento y a Castilla La Mancha del 18,9 al 21,4 por ciento, lo que supone que “mientras en 2013 Andalucía tiene que recortar 2.735 millones con un endeudamiento menor, Cataluña tiene un mayor margen de 4.259 millones, la Comunidad Valenciana de 612 millones y Castilla La Mancha de 944 millones”.

Según el presidente andaluz, las decisiones “avaladas” en el CPFF por las comunidades autónomas del PP “supondrían cerrar 19 hospitales, todos los del Servicio Andaluz de Salud (SAS); o despedir a 60.000 empleados públicos, uno de cada cuatro trabajadores de la Junta; o de cerrar la mitad de los colegios de Andalucía, más 2.000”, por lo que ha calificado como una “cortina de humo” que las diferencias en el CPFF se presenten como una “contienda entre administración central y comunidades autónomas, cuando se trata de un ataque generalizado contra la educación y la sanidad pública cuyo destinatario fundamental era Andalucía”. “Este no es un episodio de confrontación, sino una discriminación contra Andalucía que pone en riesgo nuestros servicios públicos fundamentales fruto de una decisión tomada sin anuncio previo al menos a la Junta de Andalucía y que choca contra toda lógica elemental”, ha insistido Griñán, que ha defendido que “son las administraciones con mayor endeudamiento las que deben hacer un esfuerzo mayor para reducirlo y no las que como Andalucía hicieron sus deberes y hoy tienen menor endeudamiento las que tienen que reducirlo”.

En cualquier caso, el presidente andaluz ha querido dejar clara la “voluntad” de la Junta de “cumplir los objetivos de estabilidad” comprometidos por España y ha lamentado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometiese en su entrevista en Moncloa a estudiar su propuesta para una “diferente distribución del déficit” basado en el reparto 60-40 “y la respuesta vino en el CPFF, donde no sólo no se modificó, sino que se incluyó una cláusula de nivel de endeudamiento de la que nadie nos había avisado”. “Andalucía ha mostrado su voluntad de cumplir y siempre vamos a defender el valor de España, pero digo también discriminar a Andalucía es la peor forma de defender a España”, ha recalcado.

Reprocha a Zoido “la mentira de que estábamos informados”

Preguntado por si se siente “engañado” por Rajoy, Griñán ha señalado que piensa que el presidente del Gobierno era “sincero” y tenía “buena fe” al comprometerse a estudiar su propuesta de nueva distribución del déficit y ha recalcado que “desde luego no se habló del endeudamiento salvo para decir que España tiene un endeudamiento menor que el de muchos países de Europa y Andalucía un endeudamiento menor que la mayoría de las comunidades autónomas”, por lo que ha reprochado al presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, “la mentira de que estábamos informados”.

Ha detallado que Martínez Aguayo tuvo “razones suficientes” para abandonar la reunión del CPFF tras “media hora de diálogo infructuoso” en el que el Gobierno hacía “oídos sordos” a su pregunta de “a qué viene la reducción del nivel de endeudamiento para Andalucía” y ha recordado que “fue un ministro andaluz el que infligió a Andalucía ese objetivo absolutamente inasumible” antes de poner de manifiesto el dato “curioso” de que sólo se modificó también el objetivo de endeudamiento a Asturias, también con gobierno del PSOE.

Griñán, que ha destacado que Andalucía “no piensa apelar” al fondo de liquidez autonómico pese a que en el CPFF “se incitó a las comunidades a acudir como una carrera para ver quien llega antes”, ha desvelado que ha comentado el resultado del CPFF con el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, “que piensa como yo” en el sentido de que hubo un “agravio a las comunidades gobernadas por el PSOE”