Amnistía Internacional pide la retirada de la reforma del aborto por ir contra los derechos humanos


La ONG manda una carta a Gallardón en la que considera la nueva ley como un riesgo para la salud de las mujeres
Documento con fecha Friday, 21 de February de 2014. Publicado el Friday, 21 de February de 2014.
Autor: Redacción.Fuente: El País.

Amnistía Internacional (AI) ha enviado una carta al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el que pide a su ministerio que retire la reforma de la ley del aborto por incumplir las obligaciones de derechos humanos y por el riesgo que puede suponer para la salud de las mujeres al ver restringido el acceso a servicios de aborto legales. “En caso de ser aprobado, este anteproyecto de ley retrotraería el país varias décadas, a una época precaria para los derechos humanos de las mujeres y niñas”, dice en la carta Jezerca Tigani, directora adjunta para Europa de Amnistía Internacional.
“Esta reforma podría causar un aumento en el número de mujeres y niñas que recurren a procedimientos peligrosos, inseguros, clandestinos e ilegales, poniendo en riesgo su salud, y hasta su vida. Además, limita el derecho de las mujeres y niñas a tomar decisiones por sí mismas y restringe su autonomía”, dice la carta. Para el director de AI en España, Esteban Beltrán, la reforma afectará de forma deproporcionada a mujeres jóvenes en situación de pobreza porque “no tienen los medios necesarios para viajar al extranjero y acceder a abortos seguros y legales”.
AI recuerda en la carta que la ley exigirá que las mujeres y niñas violadas tendrán que hacer una denuncia antes de poder acceder a un aborto lega, lo que resultaría problemático para algunas mujeres inmigrantes en situación irregular. “Las mujeres y las niñas que no deseen denunciar el delito no deberían verse obligadas a hacerlo y, mucho menos, para poder acceder a los servicios que necesitan para gestionar las consecuencias de la violación”, asegura Beltrán.
“El nuevo anteproyecto de ley propone una carrera de obstáculos humillante y muy difícil de superar, imponiendo múltiples barreras para el acceso al aborto legal y seguro y mermando la autonomía de las mujeres y niñas”, dice Tigani. “Este anteproyecto de ley es una medida regresiva bajo el derecho internacional, que tiene serias implicaciones para la protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Amnistía Internacional urge a las autoridades retirarlo inmediatamente”, según Beltrán.
En el comunicado, la organización recuerda que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas pidió en 2012 al Gobierno que garantizase la implementación de la ley actual de plazos para asegurar a todas las mujeres el acceso a abortos seguros y legales. El relator especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud, la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Europa, por su parte, han alertado, según AI, de que las leyes restrictivas del aborto no consiguen reducir el número de éstos, sino que contribuyen a incrementar los procedimientos ilegales e inseguros, así como la mortalidad materna.

“Votos en otras urnas” por Soledad Gallego-Díaz


Bueno, pues ya saben. Sigue adelante el proyecto de ley del PP para negar a las mujeres el derecho a decidir, dentro de unos plazos, si quieren interrumpir su embarazo. Ayer fracasó un intento en el Parlamento para echarlo atrás. Suponer que los diputados del PP aprovecharían un voto secreto para incumplir las órdenes de su partido era una pura fantasía. Nunca lo han hecho y nunca lo harán. No tiene sentido esperar que el PP arregle esta situación, porque esto es realmente lo que los actuales dirigentes del PP quieren. Están dispuestos a imponer la moral católica a todos los ciudadanos, piensen estos lo que piensen.

Se podría decir que incluso con José María Aznar no fue así y que el ex presidente popular era poco partidario de besar los anillos de nadie, Iglesia incluida. Pero eso se acabó. El actual ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, está dispuestos a dar satisfacción a la jerarquía eclesiástica en todo lo que esté en su mano. Así que es ingenuo esperar que el PP modifique sustancialmente su nueva regulación y restrictiva del aborto. Quizás haga algún cambio cosmético, pero lo principal, la esencia del proyecto, su idea de que el cuerpo de las mujeres es asunto de la Iglesia, eso no va a cambiar. Salvo, claro está, que las mujeres les hagamos saber, a través de los votos en las urnas, no en el Parlamento, que esos tiempos ya pasaron. El resto es una milonga.

Granada Laica pide al Estado que defienda a los niños ante las irregularidades la Iglesia católica denunciadas por la ONU


El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha denunciado, en su informe CRC/C/VAT/CO/2, fechado el 31 de enero de 2014 (aunque hecho público el 5 de febrero), una diversidad de acciones y omisiones de la Santa Sede que suponen atentados de extrema gravedad a los derechos de los niños y niñas por parte de la Iglesia católica en todo el mundo, por lo que Granada Laica reclama la intervención del Estado español para velar por la infancia.

Granada Laica pide al Estado que defienda a los niños ante las irregularidades la Iglesia católica denunciadas por la ONU Según Granada Laica, “en el informe se revela una actitud de la Santa Sede de casi nula colaboración con el Comité y, en definitiva, con los objetivos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto ya lo revela el que la Santa Sede no presentara los informes que debía en 1997, 2002 y 2007”.

En Granada Laica consideran que el informe del Comité de la ONU tiene un extraordinario valor histórico y moral no sólo por lo que se está resaltando en todos los medios —las gravísimas acusaciones a la Santa Sede sobre su culpabilidad en los abusos sexuales a niños en muchas partes del mundo—. Por ello, “y aunque el informe merece ser leído en su totalidad y analizado de manera más exhaustiva, hemos analizado con cierta extensión algunas partes relevantes de su contenido, como se puede ver enhttp://laicismo.org//detalle.php?pk=30018#ppal”, señala la asociación en un comunicado.

El Comité deja claro que no se refiere a violaciones de derechos infantiles dentro de la Ciudad del Vaticano (si es que esto tiene algún sentido), sino a las que pueden sufrir los niños y niñas de todo el mundo sujetos, de una u otra forma, al poder o dominio de la Iglesia.

Las acusaciones de incumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño se refieren a aspectos como:
-Las afirmaciones y declaraciones de la Iglesia sobre la homosexualidad, que contribuyen a la estigmatización social y a la violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y adolescentes transexuales, y los niños criados por parejas del mismo sexo.

-Los estereotipos de género promovidos por la Iglesia, que pueden limitar el desarrollo de los talentos y habilidades de los niños y niñas, y socavar sus oportunidades educativas y de vida.

-El derecho de los niños a expresar sus opiniones en todos los asuntos que les afecten, así como sus derechos a la libertad de expresión, asociación y religión. El Comité recuerda a la Santa Sede de que el derecho de los niños a expresar libremente sus opiniones constituye uno de los componentes más esenciales de la dignidad de los niños.

-Los problemas específicos de los hijos ‘ocultos’ de sacerdotes.

-Los derechos infantiles conculcados como consecuencia del rechazo activo de la Iglesia al uso de los anticonceptivos y, en su caso, al recurso al aborto (los dramas de los hijos no deseados).

-La complicidad de la Iglesia en casos de abusos familiares sobre los niños.

-Los niños, niñas y adolescentes separados de sus familias por medio de manipulación psicológica ejercida desde instituciones y congregaciones de la Iglesia.

-Las consecuencias negativas de la posición y de las prácticas de la Santa Sede de negar el acceso de los adolescentes a la anticoncepción, así como a la salud y la información sexual y reproductiva. En particular, las barreras y tabúes que rodean la sexualidad de los adolescentes, que dificultan su acceso a la información sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar y los anticonceptivos, los peligros del embarazo precoz, la prevención del VIH / SIDA y la prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual.

-La implicación de la Iglesia en los secuestros de bebés que han aflorado en los últimos años en España y otros países.

-Las decenas de miles de casos de abusos sexuales ejercidos por miembros de la propia Iglesia.

-Que en el tratamiento de las denuncias de abuso sexual de menores, la Santa Sede haya puesto constantemente la preservación de la reputación de la Iglesia y la protección de los abusadores por encima de los intereses superiores de los niños.

-Que la Santa Sede no haya suscrito numerosos acuerdos y Convenciones en relación con la defensa de los derechos humanos.

” En Granada Laica consideramos que el devastador informe del Comité de los Derechos del Niño de la ONU tiene una importancia extraordinaria. Por primera vez se denuncian de una manera clara desde esta instancia de referencia —la institución mundial considerada la mayor referencia moral para los Estados— graves violaciones de los derechos humanos de los niños por parte de la Santa Sede, es decir, de la Iglesia católica. Aunque también creemos que se ha perdido la oportunidad de señalar y denunciar en toda su dimensión el continuo y universal abuso que esta institución ejerce sobre las conciencias infantiles, generalmente con apoyos estatales, mediante el adoctrinamiento religioso infantil, en particular en la escuela”.

“Ante estas evidencias, corresponde a los Estados Partes actuar con determinación. No puede ser que, ante la gravedad de las denuncias, los Estados queden a la espera de que sea la Santa Sede (la Iglesia) quien rectifique y haga pasar a la historia sus tradicionales abusos infantiles (no sólo en el ámbito sexual, como aparece claramente en el informe). Además, en vista de las declaraciones de autoridades eclesiásticas (el portavoz vaticano, Federico Lombardi, el observador permanente del Vaticano ante las Naciones Unidas en Ginebra, Silvano Tomasi y el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, entre otros) como reacción al informe del Comité, en las que, lejos de asumir responsabilidades, tienen la desvergüenza y la osadía de presentarse como víctimas, no parece que la Iglesia católica tenga intenciones serias de mostrar el arrepentimiento (la contrición) y, mucho menos, el propósito de enmienda que predica para los demás, a no ser lo justo para no verse ante los tribunales y afrontar costosas indemnizaciones”.

El Estado Español, en concreto, no puede seguir mirando a otro lado, y está en la obligación, como mínimo, de dejar de privilegiar a la Iglesia católica, empezando por abrogar los Acuerdos establecidos con la Santa Sede, eliminar la asignatura de Religión de la escuela y dejar de sostener centros educativos de la Iglesia. ¿Cómo es posible que se deje en manos de una institución que atenta de un modo tan extremo contra los derechos humanos de los niños la educación moral, precisamente, de los propios niños?

En este momento histórico, si las autoridades del Estado no toman esas medidas en beneficio de la infancia, estarán incurriendo en una complicidad con la Iglesia más culpable que nunca respecto a las gravísimas denuncias del organismo de la ONU.