“Memoria democrática o difamación política”

-No se puede considerar franquistas en una ley a los Gobiernos de 1978 a 1983-

Publicado en El Comercio, 7/7/22

JOSÉ IBARROLAJAVIER TAJADURA TEJADAPROFESOR DE DERECHO

El proyecto de Ley de Memoria Democrática, aprobado por el Consejo de Ministros hace un año, estuvo paralizado durante meses y ahora el PSOE y Podemos han acelerado la tramitación para que pueda ser aprobado, en principio, la próxima semana. Si, como sostienen algunos, con la aprobación de esta norma se pretende dar respuesta a la derrota electoral en Andalucía, la desorientación del Gobierno sería notable, porque si algo ha puesto de manifiesto el resultado de las elecciones andaluzas es que este tipo de medidas sectarias genera cada vez menos respaldo popular.

Las cuestiones más controvertidas del proyecto son la referencia a la ley de amnistía -que realmente es inocua- y a la creación de una comisión para investigar vulneraciones de derechos humanos producidas después de la aprobación de la Constitución, que implica un supuesto inaceptable de difamación política.

El proyecto de ley incluye un precepto que dice: «Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables». Los representantes de Podemos sostienen que la aprobación de esta disposición supone «el fin de la impunidad de los crímenes del franquismo». Y por ello ha sido calificada por el dirigente comunista Enrique Santiago como «la piedra angular de la reforma».

El PSOE, por el contrario, sostiene que la cláusula no supone ningún cambio respecto a lo aplicado hasta ahora puesto que ninguna norma penal (desfavorable) puede ser aplicada retroactivamente. Los portavoces socialistas tienen toda la razón, pero precisamente por ello, y para evitar la confusión, si como expresamente reconocen la aprobación de esta norma «no supone cambio alguno», es evidente que sería mucho mejor no aprobarla. Desde un punto de vista jurídico, carece de sentido llevar adelante leyes que no tienen consecuencias jurídicas.

Y, ya desde un punto de vista político, es imprudente e irresponsable apoyar una norma que contribuya a poner en cuestión el principio de reconciliación nacional -formulado por vez primera por el PCE- que está en la base de la Constitución como acta de paz -en acertada expresión de Alfonso Guerra-. Por ello, y desde el punto de vista de la defensa de la Transición política y del consenso constitucional, el proyecto de ley deja mucho que desear.

Al margen de que la ‘memoria’ no es un objeto susceptible de ser regulado por el legislador, lo que no se puede aceptar es la utilización de esa regulación para dividir a la sociedad. Con todo, lo más grave e inaceptable es la inclusión de una enmienda de Bildu, aceptada por el PSOE y según la cual «las consecuencias del franquismo se mantuvieron en el tiempo hasta 1983». Lo de menos es que en todos esos planteamientos subyace un error de incomprensión respecto a lo que fue el franquismo, un poder de hecho que como tal desapareció con la muerte del dictador. Hablar de consecuencias del franquismo -una vez desaparecido Franco- en el plano histórico es posible, pero lo que no puede aceptarse es su proyección en un texto jurídico. Hacerlo de esta manera supone considerar franquistas a los distintos gobiernos legítimos de España entre 1978 y 1983.

La enmienda pactada por el PSOE con Bildu se basa en el supuesto de que, aprobada la Constitución, se siguieron produciendo casos de «vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los

valores democráticos». Por ese motivo, se añade al proyecto una disposición adicional que contempla «la designación de una comisión técnica que elabore un estudio sobre dichos supuestos entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983» para señalar posibles vías de reconocimiento y reparación.

La aprobación definitiva de esta enmienda supondría consagrar en un texto legal una falsedad histórica y una difamación política. La falsedad consiste en sostener que el franquismo estuvo vigente y perduró hasta 1983, con lo que indirectamente se pretende legitimar las actuaciones de grupos terroristas y subversivos que atentaron en esos cinco años. Esa falsedad histórica implica una difamación política: la de los distintos gobiernos de UCD -de Adolfo Suárez y de Leopoldo Calvo Sotelo- y el primero del PSOE presidido por Felipe González, que, entre 1978 y 1983, tuvieron que afrontar la complicada tarea de consolidar la democracia en España frente a quienes aspiraban a destruirla. Desde esta óptica, el principal efecto de la futura ley de Memoria Democrática será deslegitimar la Transición y erosionar la convivencia democrática.

Álvaro Gil-Robles: Que no os engañen, Rusia no irá a la Corte Internacional

EFE, Segovia5 abr. 2022

El que fue el primer comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa (1999-2006), Álvaro Gil-Robles, ha opinado este martes que Rusia no será juzgada por el Tribunal Penal Internacional porque esta potencia no ha firmado y aceptado el tratado que legitima el órgano y por su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

«Que no os engañen, no se llevará a Rusia ante el Tribunal Penal Internacional», ha afirmado en Segovia durante una ponencia en el ‘X Encuentro de Valores Democráticos y Fuerzas Armadas’ organizado por la Universidad de Valladolid, la Fundación Valsaín y la Academia de Artillería, del que se ha ausentado por un imprevisto familiar el exministro de Educación y de Defensa y actual presidente de UNICEF Comité de España, Gustavo Suárez Pertierra.

En declaraciones a Efe, Gil-Robles ha matizado que, si el presidente de la Federación Rusa acaba sentado en este tribunal internacional «no va a ser mañana» y ha comparado esta situación con lo que ocurrió con Estados Unidos y la guerra de Irak: «Las grandes potencias hablan mucho pero luego se protegen frente a los crímenes que cometen ellas mismas», ha reflexionado. 

«Pero eso no quita para que haya una condena moral, ética y política de quienes han permitido, lanzado y provocado esta catástrofe en Europa», ha continuado, en relación a la guerra y, en concreto, a la masacre en la localidad de Bucha que Ucrania ha denunciado en las últimas horas. 

Según Gil-Robles, que también desempeñó el cargo de Defensor del Pueblo entre 1988 y 1993, lo primero que hay que hacer es «acreditar todas estas masacres», al margen «del sentimiento emocional que uno puede sufrir viendo esta barbarie». 

«Fiscales y personal judicial tienen que garantizar que todo esto es cierto, que se ha cometido y quién razonablemente se puede pensar que ha cometido estos crímenes, si son los soldados rusos, los oficiales, o lo que se decida en su día», ha analizado. 

A partir de ahí, ha relatado, se debe poner en marcha la «maquinaria» para delimitar las responsabilidades de lo ocurrido, «hasta donde haga falta». 

Preguntado por si esto afectará a las conversaciones de paz, ha anhelado que no sea así: «Espero que no, porque la paz es mucho más importante para evitar que siga habiendo estas barbaridades, estos crímenes y estos horrores», ha razonado.

«Espero que las partes sigan sentadas a la mesa, que los mediadores sigan ayudando a que las partes se entiendan y que se llegue a una paz real, a una no violencia sobre el territorio ucraniano», ha comentado.

Al hilo de la guerra en Ucrania y cuestionado sobre si España debe aumentar su gasto militar, Gil-Robles ha defendido que cada país debe tener «un gasto militar razonable y suficiente para garantizar su seguridad» y «España no puede ser una excepción».

Ha abogado por «un ejército propio de disuasión, no se agresión» de la Unión Europea, que exige «lo que no hemos hecho durante muchísimos años»: «Invertir en la constitución de ese Ejército, que exige unos gastos obviamente superiores a los que hemos tenido hasta ahora. No desproporcionados, pero si superiores», ha concluido. 

Durante su conferencia en el encuentro, Gil-Robles ha analizado otros aspectos de la guerra de Ucrania y ha opinado que al ejército ruso «le falta motivación y formación» en valores democráticos: «Sustituyen la formación por la brutalidad y la venganza», ha apuntado. 

Ha precisado que no le extraña «absolutamente nada» las «barbaridades» cometidas contra la población civil ucraniana por parte de esta potencia después de haber visto escenas similares durante la guerra de Chechenia cuando era comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y ha cuestionado la responsabilidad de «los soldados de base» rusos. 

«Supongo que los que están luchando hoy en Ucrania están igual de aterrorizados por la defensa heroica que están haciendo los ucranianos de su país, que ellos sí están motivados porque están defendiendo su país, su familia, sus ciudades, su libertad», ha señalado. 

Ha contrapuesto esta situación con la de los soldados rusos que están atacando Ucrania, muchos de ellos no profesionales: «No saben por qué están, les han mentido sobre por qué han ido, y probablemente estén también bajo los efectos de narcóticos y por eso todas estas salvajadas», ha apuntado. 

Gil-Robles ha señalado como «responsables» a los oficiales y a «quienes han permitido todo esto», subiendo en la escala hasta el presidente de Rusia, Vladimir Putin: «Que no habrá apretado el gatillo, pero habrá permitido y creado las circunstancias para que esto se produzca y, por lo tanto, tiene una responsabilidad política, ética y ya veremos en su día si también la tendrá judicial», ha concluido. EFE

Antonio GUTERRES en Moldavia

Guterres aprovechó, en Moldavia, una vez más para hacer un llamamiento a la paz: «Esta tragedia demuestra que la guerra es una cosa sin sentido y que este conflicto debe parar», decía ante los medios. «No hay solución militar para los problemas a los que nos enfrentamos. Es absolutamente necesario detener esta guerra y que prevalezca el derecho internacional».