El promotor de la campaña ‘Soy mayor, no idiota’ ha entregado este martes más de 600.000 firmas apoyando su lucha por lograr que los bancos brinden a los mayores una atención más humana
“Tengo casi 80 años y me entristece mucho ver que los bancos se han olvidado de las personas mayores como yo”.
A las puertas del Ministerio de Economía ha mantenido un diálogo imprevisto con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño:
“Es una prioridad para nosotros acompañar, apoyar a las personas más vulnerables y especialmente a los mayores. Hay que garantizar un trato personalizado, hay que garantizar que ustedes se sienten bien tratados”, le ha dicho Calviño.
San Juan, cirujano y urólogo retirado, se reunió este lunes con la asociación de usuarios financieros Asufin, que apoya su campaña. Y en la tarde de este martes se vio con las patronales bancarias AEB, CECA y UNACC. Dice que no parará hasta que haya soluciones efectivas a cuestiones como los horarios limitados, las llamadas sin respuesta o el hábito, cada vez más común en algunos bancos, de obligar a los mayores a usar aplicaciones y cajeros que les resultan complicados de entender. San Juan insiste en que no busca protagonismo, y en que su causa se ha hecho célebre debido a un malestar latente.
El Tribunal de Justicia de la ONU se planta por primera vez ante el discurso del odio: “Que cese la incitación y promoción del odio racial.”
presidente del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, Abdulqawi Ahmed Yusuf (segundo por la derecha), y otros miembros de la corte en enero de 2020. ROBIN VAN LONKHUIJSEN (EFE)
El Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ), con sede en La Haya, ha elevado su voz ante el fenómeno del discurso del odio después de que Armenia y Azerbaiyán, países vecinos y enfrentados en la región de Nagorno Karabaj, solicitaran la adopción de medidas de emergencia por presuntas violaciones del otro bando del tratado de la ONU que prohíbe la discriminación racial. La última escalada bélica entre los dos países, a finales del pasado año, costó la vida a más de 5.000 personas. El cese de hostilidades firmado entre las partes incluyó el despliegue de 2.000 soldados rusos como fuerzas de paz en el enclave.
Los insultos entre armenios y azerbaiyanos se han convertido en un componente primordial de las demandas presentadas ante la justicia internacional. Términos como “bárbaros”, “animales” o “fascistas”, aparecen en los alegatos de ambos países. Los jueces de la máxima instancia judicial de Naciones Unidas han ordenado a ambas partes, en una orden provisional del pasado día 7, sin parangón en la historia del tribunal, que prevengan el odio racial mientras revisan el caso.<CW9>
Los discursos del odio, que afloran tanto en sociedades democráticas como en regímenes autoritarios, amenazan los derechos humanos al fomentar la discriminación y el racismo y tensan el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Aireados en arengas políticas o en las redes sociales, generan un ambiente de intolerancia que puede incitar a la violencia. Aunque el tribunal no tiene capacidad para forzar el cumplimiento de estas medidas cautelares, son vinculantes para los litigantes. De ahí su solidez, pero también sus limitaciones. En este caso, los jueces no han distinguido entre los improperios de armenios o de azerbaiyanos, sino que exigen —por unanimidad— la aplicación de disposiciones para que cese la incitación y promoción al odio racial.
“Es la primera vez que el tribunal dicta medidas cautelares tan claras en esta materia. No se trata solo de que este discurso sea ilícito. Es que también crea el clima necesario para que se cometan otros abusos o violaciones. A las partes les resultará difícil cumplir con todo lo ordenado hasta sus últimas consecuencias, pero es de esperar que se rebaje el tono del discurso público”, dice, en conversación telefónica, Asier Garrido Muñoz, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas.
Entre los ejemplos invocados en este caso destacan las palabras del presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíyev, para referirse a los armenios. Les ha llamado “bandidos”, “vándalos”, “fascistas”, “bárbaros”, “infieles con ropa negra”, “enemigos” y “de naturaleza cobarde”, así como “animales”. Por su parte, la agencia estatal armenia de noticias, ArmenPress, escribe que los azerbaiyanos “son tan bárbaros como los turcos”. “No son dignos de estar en la Tierra” es otra de las expresiones que han manejado los jueces. Para Garrido Muñoz, resulta desconcertante “el cruce de acusaciones basadas en una similar intención denigrante”. “Hay diferencias en sus argumentos, pero en esencia observamos la misma deshumanización del vecino, al que consideran una amenaza”, reflexiona el experto. En el litigio se ha invocado la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, de la que son parte Armenia y Azerbaiyán.
Desde el fin de la tiranía somocista en 1979, no se había visto en Nicaragua una desfachatez como la actual para diseñar una legalidad a la medida de las necesidades de una dictadura; leyes para cobijar la represión y defenderla con leguleyadas. Pero si eso le hubiera dado a Maquiavelo material para escribir otro manual para tiranos, lo más retorcido que estamos viviendo últimamente es el ser testigos de tratos inusualmente crueles contra los destacados líderes, candidatos electorales y mujeres dirigentes que fueron apresados antes de las recientes eleccionesgenerales de noviembre. Las cuatro mujeres dirigentes del Movimiento Renovador Sandinista (rebautizado Unamos, en 2020), el partido disidente de la senda autoritaria que Ortega le imprimió al FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional), y por lo que muchos lo abandonamos, son ahora chivos expiatorios. Este mes: Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona y Támara Dávila cumplen seis meses, seis meses de estar incomunicadas: encerradas solas en celdas mínimas, desnutridas, sin acceso a un libro, a leer o escribir, durmiendo en celdas frías sobre colchonetas plásticas, sin que se les permita a los familiares llevarles una cobija. Támara y Suyen tienen una niña de cinco años y un niño de cuatro, respectivamente. No se les ha admitido verlos en las escasas visitas familiares —permitidas apenas tras 90 días de encierro— Las madres no han podido siquiera hablarles por teléfono.
¿Intercede por ellas Rosario Murillo, que posa beatífica con hijos y nietos? ¿O es ella misma la autora de esta venganza? Porque no cabe otra palabra más que venganza para calificar el caso de estas mujeres apresadas por su militancia política. Dora María Téllez es nada menos que la icónica guerrillera que liberó la ciudad donde Ortega y Murillo lograron aterrizar días antes del triunfo de la Revolución provenientes de Costa Rica.
Maltratados, desnutridos, aunque no incomunicados, se encuentran en el mismo penal 36 personas más. Hombres y mujeres destacados, empresarios, campesinos, héroes sandinistas, antiguos embajadores. Hay dos que, por su edad, debían estar al menos bajo arresto domiciliario: Francisco Aguirre de 77 años, excanciller, y Edgard Parrales de 80, exembajador de la Revolución ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Ellos y los demás no tienen acceso legal a sus abogados; el enrevesado juicio contra algunos gira sobre los proyectos de dos ONG súbitamente criminalizadas. A otros se les acusa por opiniones y declaraciones designadas como traición a la patria. Se dice que serán juzgados, pero los juicios se han postergado indefinidamente.
En diarias alocuciones a mediodía, Murillo acusa a quien se le ocurre —ya vimos el caso de Sergio Ramírez— de incitar al odio. Ella, en tanto, predica el amor y reza a un Dios a su imagen y semejanza, mientras llama diabólicos a los sacerdotes católicos. Ortega, por su lado, considera que seguirá siendo revolucionario mientras —para felicidad del pequeño Stalin que aún vive en ciertos corazones— acuse al imperialismo yanki del rechazo popular contra sus abusos. Tras esa mampara justifica múltiples violaciones a los derechos humanos y una suma de 160 presos políticos que sufren maltratos propios de un Gulag.
Las hembras ya habían tenido descendencia por vía sexual en numerosas ocasiones anteriormente. Es el primer caso de partenogénesis conocido en cualquier especie aviar donde la hembra tenía acceso a un macho
Laura Camacho, El País 23/11/22
Los cóndores de California llevan años en peligro de extinción. Desde hace tres décadas, científicos de San Diego Zoo Wildlife Alliance realizan estudios genéticos para determinar el parentesco entre los polluelos y sus progenitores. La sorpresa llegó cuando descubrieron que había dos individuos que eran hijos cada uno de una hembra de cóndor, pero que no estaban relacionados genéticamente con ningún macho y, por tanto, biológicamente eran huérfanos de padre. Para evitar posibles errores repitieron en numerosas ocasiones la prueba genética. La conclusión a la que llegaron es que estos habían sido producidos por partenogénesis, una forma de reproducción asexual. Lo llamativo es que las madres de estas aves, que se encontraban en cautividad, convivían con machos y anteriormente se habían reproducido sexualmente. De esta manera, este descubrimiento, publicado ahora en Journal of Heredity, supone el primer caso de partenogénesis en cóndores y el primero de cualquier especie aviar donde la hembra tuvo acceso a un macho.
Un grupo de 11 jefas de Estado y de Gobierno, han instado a los talibanes, en un llamamiento conjunto, a respetar los derechos de las mujeres y niñas afganas y a impedir actos de violencia contra ellas. “Hombres y mujeres somos iguales y nuestros derechos son inalienables e incuestionables”, recalcan las políticas en su manifiesto.
La iniciativa, que partió de la presidenta de Eslovaquia, Zuzana Caputová y la primera ministra de Islandia, Katrin Jakobsdóttir, urge a la comunidad internacional a que siga con atención la situación y vigile los derechos de las personas más vulnerables en Afganistán, después de que el pasado 15 de agosto los talibanes se hicieran con el poder.
A diferencia de otros llamamientos hechos por mujeres a la comunidad internacional, este va dirigido directamente a las milicias islamistas que ya controlan el país.
“Hacemos un llamamiento a los gobernantes actuales y futuros en Afganistán para que respeten los derechos de las mujeres y las niñas y se abstengan de cualquier acción que restrinja sus derechos en áreas como el empleo, la educación, el acceso a la atención médica, la cultura o los cargos públicos”, piden las mandatarias en el texto suscrito, entre otras, por la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern.
Las dirigentes insisten en otro mensaje para los talibanes en que no se ejerza ningún tipo de violencia contra las mujeres. “Instamos enérgicamente a las autoridades afganas a prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres o las niñas”.
Las 11 políticas recalcan que, independientemente de las diferencias que pueda haber, “hombres y mujeres somos iguales y nuestros derechos son inalienables e incuestionables”. También prometen a las mujeres y niñas afganas que seguirán de cerca los acontecimientos en su país, que escucharán sus voces y seguirán apoyando sus derechos y oportunidades.
Además de las representantes eslovaca e islandesa, se han sumado al llamamiento la presidenta de Grecia, Katerina Sakelaropulu; las primeras ministras de Dinamarca, Mette Frederiksen; de Estonia, Kaja Kallas; de Lituania, Ingrida Simonyté; de Finlandia, Sanna Marin; de Noruega, Erna Solberg, así como las presidentas de Georgia, Salome Zourabichvili y Moldavia, Maia Sandu.
Jefas de Estado y de Gobierno instan a los talibanes a respetar los derechos de las mujeres y las niñas https://t.co/jmF2OxgzbI a través de @el_pais
La igualdad, valor superior del ordenamiento jurídico, es la base de nuestros objetivos solidarios: igualdad de trato para toda persona respetando su diversidad.
La losa legada de la dictadura aún pesa sobre la sociedad española que conserva una muy deficiente conciencia cívica, y no cumple su carácter aconfesional.
Hemos crecido empapados de un machismo que nos ofusca y nos mata, que ahoga nuestras libertades; junto a la Memoria Democrática ahora hemos de construir nuestra propia rehabilitación social.
Necesitamos un nuevo entendimiento constitucional.
