ABDÓN MATEOS, Catedrático de historia contemporánea en la UNED y director de la revista Historia del Presente
La oposición antifranquista, (desde 1947 el PSOE, y a partir de 1956-57, comunistas, republicanos liberales y nacionalistas del exilio) propugnó una transición guiada por un gobierno imparcial (sin signo institucional y, por tanto, sin prefigurar la forma de gobierno por una regencia o una restauración previa), que consultara al pueblo mediante un plebiscito o unas elecciones a cortes constituyentes.
Solamente, a partir de la creación por el PSOE de la Plataforma de Convergencia Democrática en 1975 fue silenciada esa exigencia, que además implicaba el voto republicano.
En cualquier caso, a partir de 1961 el PSOE y la Unión de Fuerzas Democráticas que reunía con ellos a republicanos liberales, democristianos y nacionalistas, aceptó como positiva frente a la dictadura franquista una salida de monarquía constitucional que restaurara las libertades, sin implicarse en ese proceso de transición, claro está.
Es cierto que ya en 1947 se discutió la posibilidad de una regencia provisional y que Indalecio Prieto llegó a escribir una carta al Pretendiente. En 1962 en Múnich, Rodolfo Llopis llegó a decir en privado que le parecía bien una restauración parlamentaria y, por tanto, esto implicaba una aceptación tácita de la monarquía. El PCE de Carrillo terminó asumiendo la fórmula del PSOE en el momento de la creación de la Junta Democrática. Sin embargo, eso no se incluyó nunca como declaración pública del Partido y se siguió propugnando una república federal, incluso en Suresnes. A partir de 1970, la cuestión institucional perdió relevancia en el debate político, asumiéndose que la monarquía iba a ser la salida de la dictadura. El que fuera secretario del partido hasta 1931, Andrés Saborit, y el presidente de la república en el exilio, el socialista Luis Jiménez de Asúa, especulaban al inicio de los años setenta sobre que «Juanito» podría conducir a España a la democracia.
Felipe González, primer secretario del PSOE desde el Congreso de octubre de 1974, sostuvo conversaciones en la segunda mitad de 1975 y, tras la muerte de Franco, con diplomáticos americanos, en las que aseguraba que el partido no sería un estorbo a una transición democratizadora guiada por Juan Carlos I. Sin embargo, esa postura no se defendió públicamente y, solamente, en el momento de las elecciones de junio de 1977, empezaron a abundar las declaraciones promonárquicas aunque todavía se sostuviera un voto particular republicano en la comisión constitucional.
Por ejemplo, días antes de las elecciones, Felipe González señalaba:
“En las próximas Cortes el artículo primero tendrá que decir cuál es la forma del Estado inexorablemente. Si no es en las próximas Cortes, ese problema se va a producir. En este momento, en esta coyuntura, la Monarquía tiene la oportunidad histórica de ser ampliamente refrendada, pero además respetando que haya opciones que no sean las opciones monárquicas. No se trata de hacer un fanatismo republicano y antimonárquico, se trata de que cada uno entiende una forma de gobierno como más racional, y sea cual sea la forma de gobierno que resulte tiene que ser la que democráticamente el pueblo haya decidido, y este momento la inmensa mayoría del pueblo o una buena parte del pueblo, en todo caso mayoritaria, va a optar como opción o como exclusión por la Monarquía” (Ya, 29.5.1977)
En realidad, en agosto de 1977 se celebró una reunión de los dirigentes del partido en Sigüenza en la que Alfonso Guerra recomendó no dar prioridad política a la cuestión de la forma de gobierno. No obstante, Luis Gómez Llorente en la comisión constitucional del 11 de mayo de 1978 sostuvo que la “forma republicana del Estado es más racional y acorde bajo el prisma de los principios democráticos” aunque, también, matizó que “el Partido Socialista no se empeña como causa central y prioritaria de su hacer en cambiar la forma de Gobierno en tanto pueda albergar razonables esperanzas en que sean compatibles la Corona y la democracia”.
El voto particular socialista pro-republicano fue rechazado en la comisión constitucional, por lo que se decidió no llevar la propuesta al pleno del Congreso. Ningún otro partido, ni siquiera el PCE, apoyó dicho voto particular. Finalmente, el PSOE votó sí a la Constitución que establecía que España es una monarquía parlamentaria. Sin embargo, dada la correlación de fuerzas y los condicionantes de la transición, no se pudo celebrar un plebiscito sobre la monarquía ni siquiera un pronunciamiento explícito parlamentario sobre la forma de gobierno, como había defendido la posición política del partido durante los treinta años anteriores.
SÁBADO, 7 DE JUNIO DE 2014
Abdón Mateos es Catedrático de historia contemporánea en la UNED y director de la revista Historia del Presente