Categoría: Memoria Democrática

“Memoria democrática o difamación política”

-No se puede considerar franquistas en una ley a los Gobiernos de 1978 a 1983-

Publicado en El Comercio, 7/7/22

JOSÉ IBARROLAJAVIER TAJADURA TEJADAPROFESOR DE DERECHO

El proyecto de Ley de Memoria Democrática, aprobado por el Consejo de Ministros hace un año, estuvo paralizado durante meses y ahora el PSOE y Podemos han acelerado la tramitación para que pueda ser aprobado, en principio, la próxima semana. Si, como sostienen algunos, con la aprobación de esta norma se pretende dar respuesta a la derrota electoral en Andalucía, la desorientación del Gobierno sería notable, porque si algo ha puesto de manifiesto el resultado de las elecciones andaluzas es que este tipo de medidas sectarias genera cada vez menos respaldo popular.

Las cuestiones más controvertidas del proyecto son la referencia a la ley de amnistía -que realmente es inocua- y a la creación de una comisión para investigar vulneraciones de derechos humanos producidas después de la aprobación de la Constitución, que implica un supuesto inaceptable de difamación política.

El proyecto de ley incluye un precepto que dice: «Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables». Los representantes de Podemos sostienen que la aprobación de esta disposición supone «el fin de la impunidad de los crímenes del franquismo». Y por ello ha sido calificada por el dirigente comunista Enrique Santiago como «la piedra angular de la reforma».

El PSOE, por el contrario, sostiene que la cláusula no supone ningún cambio respecto a lo aplicado hasta ahora puesto que ninguna norma penal (desfavorable) puede ser aplicada retroactivamente. Los portavoces socialistas tienen toda la razón, pero precisamente por ello, y para evitar la confusión, si como expresamente reconocen la aprobación de esta norma «no supone cambio alguno», es evidente que sería mucho mejor no aprobarla. Desde un punto de vista jurídico, carece de sentido llevar adelante leyes que no tienen consecuencias jurídicas.

Y, ya desde un punto de vista político, es imprudente e irresponsable apoyar una norma que contribuya a poner en cuestión el principio de reconciliación nacional -formulado por vez primera por el PCE- que está en la base de la Constitución como acta de paz -en acertada expresión de Alfonso Guerra-. Por ello, y desde el punto de vista de la defensa de la Transición política y del consenso constitucional, el proyecto de ley deja mucho que desear.

Al margen de que la ‘memoria’ no es un objeto susceptible de ser regulado por el legislador, lo que no se puede aceptar es la utilización de esa regulación para dividir a la sociedad. Con todo, lo más grave e inaceptable es la inclusión de una enmienda de Bildu, aceptada por el PSOE y según la cual «las consecuencias del franquismo se mantuvieron en el tiempo hasta 1983». Lo de menos es que en todos esos planteamientos subyace un error de incomprensión respecto a lo que fue el franquismo, un poder de hecho que como tal desapareció con la muerte del dictador. Hablar de consecuencias del franquismo -una vez desaparecido Franco- en el plano histórico es posible, pero lo que no puede aceptarse es su proyección en un texto jurídico. Hacerlo de esta manera supone considerar franquistas a los distintos gobiernos legítimos de España entre 1978 y 1983.

La enmienda pactada por el PSOE con Bildu se basa en el supuesto de que, aprobada la Constitución, se siguieron produciendo casos de «vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los

valores democráticos». Por ese motivo, se añade al proyecto una disposición adicional que contempla «la designación de una comisión técnica que elabore un estudio sobre dichos supuestos entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983» para señalar posibles vías de reconocimiento y reparación.

La aprobación definitiva de esta enmienda supondría consagrar en un texto legal una falsedad histórica y una difamación política. La falsedad consiste en sostener que el franquismo estuvo vigente y perduró hasta 1983, con lo que indirectamente se pretende legitimar las actuaciones de grupos terroristas y subversivos que atentaron en esos cinco años. Esa falsedad histórica implica una difamación política: la de los distintos gobiernos de UCD -de Adolfo Suárez y de Leopoldo Calvo Sotelo- y el primero del PSOE presidido por Felipe González, que, entre 1978 y 1983, tuvieron que afrontar la complicada tarea de consolidar la democracia en España frente a quienes aspiraban a destruirla. Desde esta óptica, el principal efecto de la futura ley de Memoria Democrática será deslegitimar la Transición y erosionar la convivencia democrática.

Veneranda Manzano y la política de las mujeres

En este aniversario republicano del 2022, me gustaría dirigir nuestra mirada-homenaje hacia la figura histórica de la diputada nacional asturiana, Veneranda Manzano, centrándome en aspectos significativos de su legado que demuestran una manera especial de hacer política en la que se revela su diferencia de mujer. Observar sus tesis, objetivos, argumentaciones y comportamientos a la luz de lo que era usual en las masculinidades de entonces, entre los años 1931 y 1992. Comentar particularidades que me llaman la atención desde la perspectiva de la política que solemos hacer las mujeres, en las que nos diferenciamos de las reacciones, actitudes y formas expresivas de las masculinas.

En lo que a mí respecta, se trata de una temática que me ocupa y preocupa desde el comienzo de mi andadura democrática, allá por los años 1970, referida a los modos y formas de nuestro quehacer político: expresiones, actitudes y respuestas frecuentes en las mujeres, quizá debidas a una manera diferente de sentir y de pensar emparentada con un espacio propio de “sororidad” y que, por otra parte, se superpone habitualmente y convive con las innumerables formas diversas de hacer la política que tenemos cada una de las personas.

Así pues, el 22 de abril de 1931, Veneranda G.Manzano, escribía en Vidiago un artículo publicado tres días después en el periódico El Pueblo, titulado “Por qué soy republicana”, en el que nos da y se da a sí misma, una respuesta transcendente y fundamental sobre su compromiso político: Soy republicana porque “soy madre y soy maestra”; como madre engendro hijos que no deben de ser enviados a guerras injustas por reyes que juegan con ellos como si fueran soldaditos de plomo; como maestra alumbro “el porvenir en almas infantiles”. Un escrito valiente en el que la maestra se expresa espontanea, con sus imágenes de entonces y mediante un discurso propio libre, contestando públicamente a la represión y castigo personal que le ha impuesto la autoridad, el alcalde monárquico de Llanes prohibiéndole hacer campaña en el concejo a favor de la II República Española.

A lo largo de este artículo juvenil nos muestra, Veneranda, su mundo político, familiar y personal: los hijos, la educación, profesión, la justicia social, la igualdad, la paz y libertad de pensamiento, cuestiones fundamentales de sus principios y objetivos políticos en los que nos sentimos interpeladas y representadas la inmensa mayoría de las mujeres. Y cuando conocemos su vida y exilio, nos damos cuenta de que en esa personalidad de mujer moderna y avanzada y activa, culta, pacifista, patriota, defensora del asilo político y de la protesta antinuclear, parece que nos reencontramos una gran mayoría de mujeres de todos los tiempos.

En mi opinión, sí es importante que las mujeres hagamos política con esa sinceridad que transmite Veneranda Manzano: Sin copiar miméticamente los patrones masculinos. Manifestando nuestro propio pensar y sentir. Siendo consecuentes con nosotras mismas. Teniendo presente que ese vetEusto mundo político en el que hemos ingresado recientemente, aún no tiene patrones y cánones a nuestra medida y semejanza. Tal como lo hace Veneranda Manzano cuando revela su ideal republicano partiendo de “su diferencia mujer”y su insustituible diversidad. En este sentido, el presente, a raíz de la invasión rusa de Ucrania, nos obliga a recordar la urgente necesidad de aplicar en toda su extensión, la Resolución, 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, del año 2000, que insta a los Estados Miembros a intervenir para que las mujeres estemos representadas y participemos, en pie de igualdad, en todas las iniciativas encaminadas al mantenimiento y fomento de la paz, la seguridad, así como en la prevención y resolución de conflictos.

Excma.Sra. María Izquierdo Rojo

Diputada constituyente y presidenta de la Asociación Foro Veneranda Manzano

Aquella dicha lejana de la reconciliación

Adolfo Suárez y los componentes del Gobierno de UCD posan tras la aprobación de la Constitución en 1978.MARISA FLÓREZ

(Reproducción de los párrafos fundamentales del artículo art. Manuel Vicent publicado en El País el 4/12/2021)

Después de los años de dictadura, el 22 de julio de 1977 se abrieron las puertas del Congreso en la Carrera de San Jerónimo de Madrid y entraron por primera vez los diputados y senadores elegidos democráticamente en las elecciones de 15 de junio para desarrollar la Ley de la Reforma Política. Muchas horas antes del acto las calles de alrededor fueron tomadas por las fuerzas de seguridad, que además de las metralletas que llevaban en brazos tenían a su disposición unas cajas de madera con la estampilla de Santa Bárbara surtidas con botes de humo y balas de goma. El miedo era entonces una moneda corriente, de modo que el número de guardias triplicaba al menos al de los padres de la patria.

A las doce en punto aparecieron los Reyes bajo el dosel del estrado en el hemiciclo. Don Juan Carlos lucía el uniforme de gala de capitán general y un bronceado de regata; Doña Sofía, vestida como una figura femenina de Watteau, tenía ya el rostro muy macerado por la música de Bach. Diputados y senadores, todos muy encorbatados en trajes oscuros de domingo, se pusieron en pie e hicieron sonar los aplausos de rigor, expectantes, todos salvo los socialistas, quienes, para marcar territorio, optaron por permanecer con las manos en los bolsillos. Solo aplaudieron al final del discurso real. Queda hoy muy lejos aquel estado de gracia que envolvía como un aura al Monarca, rubio, alto, simpático, a quien de forma gratuita se le asignó el mérito de haber traído la democracia, pese a haber sido el pueblo el que la había conquistado muy arduamente. Queda hoy muy lejos aquella alegría por la victoria de la libertad.

Someter a aquellos fotógrafos que iban de safari por el hemiciclo hasta inmovilizarlos en una tribuna y que el Congreso recuperara la dignidad institucional no fue una tarea fácil. No tenía ningún sentido el humor sarcástico, las burlas satíricas, algunas muy sangrantes, contra el Parlamento, en un momento en que la democracia mostraba una suprema debilidad y se movía entre el paquete de medidas que hacían aflorar a duras penas toda la miseria de la dictadura y los paquetes de goma del terrorismo de ETA. La risa también podía ser otra forma de terrorismo. Adolfo Suárez era tomado por los franquistas y también por los socialistas como un aventurero, un impostor, un traidor, un analfabeto, un tahúr, insultos parecidos a los que hoy se oyen desde la bancada de la derecha contra el presidente del Gobierno.

La Reforma Política había embarrancado, aquella gresca no tenía salida. Adolfo Suárez estaba una mañana de pie en la barra del bar del Congreso ante una tortilla francesa y un café cortado y, de pronto, como si se le acabara de ocurrir, ante el camarero que le atendía y unos periodistas que tenía al lado, exclamó: “¡Hay que hacer una Constitución!”. Estaba apuntando la primavera y las acacias empezaban a florecer y para entonces, con los Pactos de la Moncloa, se produjo el milagro del consenso, hoy tan denostado, y todas las fuerzas políticas de uno y otro bando comenzaron a empujar en la misma dirección para sacar la carreta del charco hasta llegar, después de un azaroso trayecto de 15 meses, al 27 de diciembre de 1978 para que el rey Juan Carlos sancionara el texto constitucional en el palacio del Congreso. De eso hace 43 años. Aquella mañana lluviosa el Rey, sin ningún matiz oscuro, se puso al frente de esta empresa democrática y se declaró el primer comprometido en que la soberanía fuera devuelta a los ciudadanos. Fue un tiempo lleno de sangre, dudas y miedo, y también de dicha, en que los españoles apostamos por no volvernos a matar. Hoy pocos jóvenes valoran lo que costó.

Pero después de tantos años hoy el rey Juan Carlos, escarnecido por supuestas irregularidades fiscales, ha buscado refugio en un país árabe donde no se cumplen las mínimas reglas de la democracia y en el Congreso vuelven cada día los insultos y la bronca de antaño para recobrar la alta consideración de circo. Quedan muy lejos aquellos tiempos en que el sueño de la reconciliación nacional se creía posible en medio del jardín de los derechos humanos que simbolizaba la Carta Magna. Pero ¿qué significa hoy la Constitución? Para muchos españoles solo es un puente, que lejos de unir las dos orillas irreconciliables de la memoria, solo sirve para irse de vacaciones a Benidorm.

Manuel Vicent

Escritor y periodista. Ganador, entre otros, de los premios de novela Alfaguara y Nadal. Como periodista empezó en el diario ‘Madrid’ y las revistas ‘Hermano Lobo’ y ‘Triunfo’. Se incorporó a EL PAÍS como cronista parlamentario. Desde entonces ha publicado artículos, crónicas de viajes, reportajes y daguerrotipos de diferentes personalidades.

El Principado distinguirá a quienes lucharon por defender la República

AZAHARA VILLACORTA Gijón Miércoles, 11 agosto 2021, 21:13

La Distinción Especial al Mérito en la Defensa de la Libertad reconocerá a los integrantes del Consejo Soberano de Asturias y León

El Principado sumará a los más altos honores que concede Asturias la Distinción Especial al Mérito en la Defensa de la Libertad, que se entregará en un «acto público solemne» y que reconocerá a las «personas que lucharon por la defensa de las instituciones legítimas de la Segunda República Española y por los valores democráticos durante la dictadura franquista».

Así consta en la propuesta de decreto para dar luz verde al Reglamento de la Ley del Principado de Asturias 1/2019, de 1 de marzo, para la recuperación de la memoria democrática, que precisa que se distinguirá, «entre otros, a los integrantes del Consejo Interprovincial de Asturias y León y del Consejo Soberano de Asturias y León».

El BOPA publicó ayer la resolución de la Consejería de Presidencia por la que se acuerda someter a trámite de información pública esa propuesta de decreto, para que puedan formular alegaciones cuantas entidades y particulares lo deseen en un plazo de veinte días hábiles.

Tres nuevos organismos

Un texto muy esperado por las asociaciones memorialistas que, más de dos años después de su aprobación, desarrolla la Ley de Memoria Democrática del Principado -que salió adelante en 2019 con los votos en contra de PP y Foro- y que, entre otras cuestiones, regula los fines y la información que recogerá un censo de víctimas y desaparecidos, así como los procedimientos que habrá que seguir ante el hallazgo de restos humanos y en su posterior exhumación (que podrá iniciarse de oficio por la propia consejería o a solicitud de los familiares directos de las víctimas), además de los reconocimientos en materia de memoria democrática, como el nombramientos de hijos predilectos y adoptivos.

Pero, además, se regula también la creación de un banco de ADN y de tres nuevos órganos, todos contemplados en la ley autonómica.

En primer lugar, el Instituto de la Memoria Democrática del Principado, cuya dirección tendrá rango asimilado a una jefatura de servicio y que incluye un área de documentación y otra administrativa. Y, dependiente de él, un Comité Técnico para la Recuperación e Identificación de Personas Desaparecidas de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista, al que le corresponderá velar por que se cumpla el protocolo previsto para las exhumaciones y cuyos miembros serán nombrados por un periodo de cuatro años, pudiendo ser renovados por dos mandatos mas.

El Comité -que decidirá si se exhuma una fosa o no- estará presidido por la directora general y constituido por un representante del Instituto de Medicina Legal, otro de la Fiscalía, un máximo de cuatro expertos en arqueología e historia contemporánea, una persona del Instituto de la Memoria, otra más propuesta por entidades memorialistas y un secretario con voz pero sin voto.

Y, por último, el Consejo de la Memoria, que elaborará propuestas e informes sobre el cumplimiento de la ley y que contará con un representante por cada partido con presencia en la Junta.

En cuanto a los denominados Lugares de la Memoria Democrática, sus propietarios deberán permitir que se señalicen y solicitar autorización para cualquier intervención. En ellos, «se garantizará la difusión de los trabajos de búsqueda, identificación y exhumación» de restos mortales de las víctimas, «procurando la mayor audiencia posible a la sociedad en general, con especial atención al ámbito académico, especialmente en los niveles de enseñanza media y universitaria».

Gracias por restaurarnos la dignidad.

Por el Presidente, Pedro De Silva

Nuestro casa humana se apoya en los cimientos de unos pocos mitos, cuya vigencia prueba que el cimiento no se ha movido. Es el caso de Antígona, la inmortal heroína evocada por Sófocles que sacrifica su propia vida para dar una sepultura digna a su hermano Polinices. Decimos que es un mito inmortal porque el mandato de dar sepultura digna a los muertos sigue vivo. En Grado un equipo de arqueólogos y restauradores de la memoria trata estos días de hacerlo con los restos de un grupo de personas que hace más de 80 años fueron asesinadas y arrojadas a una fosa tras la ocupación de la zona por los franquistas. Para hacer su trabajo han venido tropezando con toda clase de obstáculos por acción o por omisión. Indigna que todavía haya que explicar que no es solo la dignidad de los muertos, sino la nuestra como humanos, la que el grupo que excava intenta restaurar contra viento y marea.