Mes: marzo 2011

Cuando Betty Dukes decidió en 2001 denunciar por discriminación a la cadena de distribución WalMart junto a otras cinco mujeres no imaginó que su decisión podría llegar a afectar a más personas que el número total que a día de hoy sirven en el Ejército, la Marina, las Fuerzas Aéreas, los Marines y los Guarda Costas de Estados Unidos. Dukes alegó entonces que a pesar de haber trabajado duro y bien durante seis años se le denegó, por ser mujer, acceder a los cursos de formación que le habrían reportado puestos superiores y mejor remunerados, lo que es una violación del Título VII del Acta de Derechos Civiles de 1964.

Más de un millón y medio de mujeres podrían estar incluidas en la mayor querella colectiva que se haya conocido nunca en el país si el Tribunal Supremo de Estados Unidos da luz verde para que así ocurra. Ayer, la máxima corte escuchaba, con toda la atención mediática puesta sobre ella, los argumentos a favor y en contra. Si falla a favor de las denunciantes, la sentencia tendrá sin duda consecuencias que irán más allá de las fronteras económicas del mayor minorista del mundo -las indemnizaciones serían de miles de millones- ya que las demandas colectivas aumentan la presión en las empresas para que busquen arreglos debido al alto costo que acarrea la defensa y para evitar juicios largos. Habrá que esperar hasta junio para que la máxima instancia judicial de EE UU emita su veredicto. Entonces, se pronunciará sobre la viabilidad de la denuncia, no sobre si hubo o no discriminación.

Dukes contra WalMart puede marcar un antes y un después en la historia de las relaciones laborales de Estados Unidos como lo prueba el hecho de que para que llegue a celebrarse un juicio se haya tenido que pasar primero por el Supremo para que decida quién puede participar en la querella. El caso que presentó Dukes junto a otras cinco compañeras y que pretende representar a más de 1,5 millones de mujeres que hayan trabajado antes de 1998 en cualquiera de los 3.400 centros que WalMart tiene en el mundo languideció durante años en Cortes de Apelaciones hasta que el año pasado el Supremo decidió intervenir en el asunto. Si las mujeres denuncian de manera colectiva tienen alguna posibilidad. Si luchan individualmente contra una gran corporación como es WalMart sus posibilidades de ganar son casi nulas. «Es David contra Goliath», dice Jocelyn Larkin, una de las abogadas de las mujeres.

Las mujeres representan dos tercios de la plantilla de la cadena, de más de un millón de empleados, pero ganan un 14% menos que cualquier hombre, según datos de la denuncia. De media, una mujer tarda más de cuatro años en lograr ascender a asistente de encargado frente a los menos de tres que tarda un hombre. WalMart lo niega y enfatiza que su política prohíbe «cualquier tipo de discriminación a la vez que promueve la diversidad y garantiza un tratamiento igualitario».

Pero las más de 100 declaraciones de mujeres que han aportado su testimonio como base para la denuncia dibujan un escenario muy diferente. Algunas hablan de cómo a los gerentes hombres les gustaba celebrar reuniones en clubs de strippers o cómo no veían extraño reunirse por negocios en los restaurantes Hooters (donde las camareras tienen que tener grandes pechos y llevar faldas mínimas) a pesar de las quejas de las compañeras femeninas. Otra mujer explica que su superior le dijo que «se arreglara» y se quitara «las telarañas que le colgaban del maquillaje». En otro caso, un supervisor espetó a una subordinada: «Emperifóllate; cómprate unas pinturas y vístete mejor».

Los grupos de defensa de los derechos civiles temen que el Supremo sea una institución demasiado preocupada en proteger los intereses de las grandes corporaciones y que finalmente falle a favor de WalMart. Si WalMart gana habrá calado el mensaje de que si se es demasiado grande nadie te va a demandar. El hecho de que por primera vez en la historia haya tres mujeres sentadas en la máxima corte (el total es de nueve jueces), todas nombradas por presidentes demócratas, una de ellas -Ruth Ginsburg- con una larga carrera en defensa de los derechos femeninos, tendrá peso al sopesar un caso de desigualdad, sexismo y techos de cristal. YOLANDA MONGE – Washington – 30/03/2011 (El País, 30-3-2011).

MARC CARRILLO 19/03/2011
La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos ha interpretado que los estados miembros del Consejo de Europa «gozan de un margen de apreciación cuando se trata de conciliar el ejercicio de las funciones que asumen en el ámbito de la educación y la enseñanza y el respeto al derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas». Con esta decisión avala que Italia pueda seguir exhibiendo el crucifijo en las escuelas públicas. Y no solo este país sino cualquier otro sometido a su jurisdicción que lo decida en el mismo sentido. El crucifijo o cualquier otro símbolo religioso puede ser exhibido en los colegios públicos financiados por todos los ciudadanos con independencia de su confesión religiosa. El Tribunal de Estrasburgo deja sin efecto la sentencia de una de sus salas, dictada de 3 de noviembre de 2009, en el caso Lautsi contra Italia. Una sentencia en la que señalaba que el respeto a las convicciones de los padres había de ser posible en el marco de una educación capaz de asegurar un entorno escolar abierto y tolerante, en el que las funciones educativas asumidas por el Estado velen porque los programas de las diversas materias sean difundidos de manera objetiva, crítica y plural, de tal forma que impidan el adoctrinamiento. Y que el respeto a las convicciones religiosas de los padres y las creencias de los hijos implica el derecho a creer y la libertad negativa de no creer. Un argumento que resultaba impecable para definir el contenido esencial de la libertad religiosa, una libertad vinculada al ámbito privado de la conciencia personal. Por lo que el deber de neutralidad del Estado era incompatible con cualquier poder de apreciación acerca de la legitimidad de una religión y el entorno de sus formas externas de expresión, como es el caso del crucifijo, por ejemplo.
Para la Sala del Tribunal que dictó la sentencia en 2009 no había duda que el crucifijo tenía una significación religiosa predominante. Y que el Estado estaba obligado a mantener la neutralidad confesional en el marco de la educación. Por eso no se comprendía cómo su exposición podía servir para el pluralismo educativo, valor esencial para la preservación de una sociedad democrática. Sin embargo, ahora la Gran Sala no ve un problema mayor en esta exhibición de un símbolo religioso, siempre que con el mismo no se pretenda adoctrinar. Luego, si realmente fuese así, ¿quiere decir el tribunal que el crucifijo es un objeto decorativo más? Como se ve, el criterio jurídico de margen de la apreciación nacional da para mucho, incluida la restauración subrepticia de la confesionalidad del Estado. Lamentable.
Otras sentencias
En España ha habido un par de sentencias en el famoso caso de Valladolid. Fernando Pastor, un padre de alumnos, pidió la retirada de los símbolos religiosos.
– El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valladolid falló: «La presencia de símbolos religiosos en las aulas y dependencias comunes del colegio público […] vulnera los derechos fundamentales contemplados en los artículos 14 y 16.1 y 3 de la Constitución». Y también: «[…] La aconfesionalidad implica una visión más exigente de la libertad religiosa, pues implica la neutralidad del Estado frente a las distintas confesiones y, más en general, ante el hecho religioso. Nadie puede sentir que, por motivos religiosos, el Estado le es más o menos próximo que a sus conciudadanos». Fue en noviembre de 2008.
– El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ante un recurso, sentenció: «En aquellos casos en los que no existe petición de retirada de símbolos religiosos, el conflicto no existe y la vulneración de derechos fundamentales tampoco». ( El País, 19-3-2011); foto: http://2.bp.blogspot.com/_WLdVU4Ds0TA/SwhRLi6xwYI/AAAAAAAAAi4/-wFWTsp-9rA/s1600/Papa+y+crucifijo.bmp

«La señal para los Gobiernos es clara: la mujer debe de estar en el centro de sus agendas». «Por supuesto que no estamos cerca de ese objetivo pero si seguimos en esta vía llegaremos a destino». Una de las prioridades de Bachelet es «generar líderes» que apoyen a quienes luchan por avanzar en los derechos de las mujeres. Es, de nuevo, el caso de las revoluciones en el norte de África, donde las mujeres pueden hacer historia.
Hoy se cumplen cien años desde la primera vez que se celebró el Día de la Mujer. Entonces, solo en dos países las mujeres podían votar. «Hoy es un derecho casi universal. Hemos vivido un siglo de progreso», asegura Bachelet. «Pero hay que seguir trabajando para lograr un mundo mejor, donde los hombres y las mujeres tengan igualdad firmemente incorporada por el derecho a la paz, el desarrollo y la seguridad». Michelle Bachelet,  presidenta de la agencia ONU Mujeres.