Mes: julio 2014

Mujeres por la Paz, todos por la paz

Fue un periodo caracterizado por la improvisación y la incertidumbre. La manipulación le hace culpable de todos los males del presente, con intención de cambiar el pasado: es el mejor camino para perder el futuro
SANTOS JULIÁ 20 JUL 2014

Al principio no fue la Transición sino un periodo o proceso de transición. Al principio quiere decir hace muchos años: de la búsqueda de una mediación que pusiera fin a la Guerra Civil estableciendo un “régimen de transición”, habló Manuel Azaña, presidente de la República, desde 1937; un “periodo de transición” reclamó para España en 1946 el que fuera presidente del Gobierno de la República, Francisco Largo Caballero, y, con idéntica expresión, José María Gil Robles e Indalecio Prieto firmaron en el exilio un acuerdo con el propósito de impulsar en 1948 la intervención de las potencias democráticas que pusiera fin a la dictadura. De un proceso de transición pacífica a la democracia no dejaron de hablar los comunistas desde 1956 y en lo mismo insistieron socialistas, liberales y democratacristianos en 1962. Y saltando en el tiempo, y para no hacer esta lista interminable, por un “periodo de transición” se manifestaron, entre prolongados aplausos del público puesto en pie, los participantes en el ciclo Las terceras vías celebrado en Barcelona en junio de 1975, meses antes de la muerte del dictador. Eran ellos Antón Cañellas, Josep Solé Barberá, Joan Reventós, Jordi Pujol, Josep Pallach y Ramón Trías, y es significativo que en su declaración final abogaran por “la transformación pacífica del sistema legal por medio de Cortes constituyentes elegidas por ciudadanos mayores de 18 años, mediante sufragio universal, secreto y directo”, poco más o menos lo que el Gobierno de Suárez propondrá un año después.

En 1975, todo el mundo que militaba en partidos o grupos ilegales y clandestinos, desde liberales a comunistas, estaba de acuerdo en que a la pregunta: “Después de Franco, qué”, formulada en 1961 por Dionisio Ridruejo en inglés, como título de un artículo para The Monthly, y por Santiago Carrillo en español como título de un libro publicado en Francia en 1966, la única respuesta posible era: después de Franco, un periodo, un proceso, una fase de transición. Transición se declinaba así como elemento del grupo preposicional predicativo de proceso o periodo: nadie hablaba de la Transición, sino de un periodo de transición. Y de lo que se discutía no era del final del proceso, en el que todos estaban de acuerdo: unas Cortes constituyentes; sino de los pasos a ellas conducentes: amnistía, libertades, autonomías…, y del sujeto encargado de dirigirlo: gobierno provisional, gobierno de concentración democrática o, simplemente, como había aprobado en diciembre de 1959 el VI Congreso del PCE, gobierno de transición.

Las energías de los españoles para empezar una y otra vez desde
cero son inagotables

Pero una vez culminado el periodo o proceso de la que ella era predicado, transición se convirtió en sujeto liberado de preposición y levantó el vuelo por su cuenta saltando enseguida de categoría: proceso de transición, que siempre se escribía en minúscula, pasó a ser Transición, con mayúscula, y de un periodo sin fechas fijas de principio ni de fin se convirtió en un acontecimiento del género que los historiadores franceses llaman matricial: un événement matriciel, como El domingo de Bouvines o la revolución bolchevique. Así, de un proceso que necesitaba ser explicado en cada uno de sus pasos, Transición mutó en acontecimiento matriz explicalotodo. Y todo quiere decir, mirando hacia atrás, cada etapa del proceso, como el “consenso”, que tras erigirse en una categoría metahistórica, explica la Transición sin necesidad de ser él mismo explicado; y mirando hacia adelante, lo ocurrido en la política, la economía y la sociedad desde que el proceso puede darse por terminado, ya sea en 1978, en 1982 o en 1986.

De manera que un proceso de transición como el español, caracterizado por la incertidumbre y la improvisación, por la violencia criminal y los obstáculos de que estuvo sembrado el recorrido, por la movilización obrera y ciudadana y los pactos, se nos ha convertido en un acontecimiento, la Transición, pieza sin fisuras, producto de un diseño elaborado por los poderes fácticos al que se atribuyen cualidades que definen su ser o esencia: Transición mito y mentira, Transición amnesia y borradura de memoria, Transición traición y así sucesivamente. Un acontecimiento que determina el futuro, tan atado y bien atado como lo pretendía el régimen al que sucedió. De hecho, las actuales prédicas sobre el agotamiento, la agonía, los estertores o el último suspiro de la Transición como régimen, parten del supuesto de que en aquel acontecimiento es donde hay que buscar la causa de todos los males del presente, del bipartidismo a las tensiones territoriales, de la corrupción al aumento de la desigualdad, de los salarios de miseria al éxodo de jóvenes en busca de trabajo. La culpa, ya se sabe: la Transición.

El pasado siempre se manipula según los intereses del presente: tal es, como recordaba Georges Duby, la función de la memoria. Y aquí, sin olvidar lo que esa manera de ver tiene de ceguera voluntaria dirigida a ocultar las responsabilidades de lo ocurrido desde 1982 a 2014, es claro que si en lugar de la Transición, volvemos al proceso de transición, nada de lo que se le atribuye data de aquel tiempo. La ley electoral, por ejemplo, con su mezcla de distritos provinciales a los que se asignan dos escaños y de reparto proporcional por el método D’Hont, no se ideó para crear un sistema bipartidista, sino para asegurar al partido más votado una mayoría suficiente de escaños sin necesidad de obtener la misma mayoría en votos. Lo que con aquella ley se pretendía era garantizar a UCD, con la izquierda partida en dos mitades, comunista y socialista, una posición dominante. Y lo mismo vale para ese sistema de partidos rígido y fuerte que también es moda atribuir hoy a la Transición, pero que por ningún lado aparece durante el proceso de transición. UCD se disolvió víctima de sus pulsiones suicidas, y el PCE, con sus reiteradas purgas, se fragmentó hasta alcanzar el nivel de la irrelevancia. Los únicos que se consolidaron, no sin problemas, fueron el PSOE y los nacionalistas catalanes y aun vascos, flanqueados por Alianza Popular con su famoso techo de cemento. ¿Dónde están los partidos rígidos, puras máquinas burocráticas, y dónde el bipartidismo durante el proceso de transición?

Hay que abandonar las mayúsculas y explicar en qué, cómo y por qué han fallado las instituciones
Algo parecido ocurre con la cuestión territorial. Hoy se atribuye a la Transición el embrollo autonómico en el que ha venido a desembocar lo que comenzó como demanda o exigencia de autonomías regionales. En realidad, y dejando aparte el hecho de que las primeras propuestas de autonomía para Cataluña presentadas en un Parlamento español —Cambó durante la Gran Guerra y a su fin— vinieron acompañadas de la reclamación del mismo derecho por y para otras regiones, lo que importa es que de la cuestión territorial se podrá decir cualquier cosa menos que quedó zanjada durante el proceso de transición. Uno de los problemas derivados de este proceso fue precisamente que la Constitución, en lugar de cumplir su papel como “acto de desconfianza” al modo definido por Constant, se excedió en la confianza otorgada a los políticos que habrían de administrarla, pues al no señalar límites nítidos entre las competencias del Estado y de las comunidades autónomas, permitió que todo quedara al albur de las clases políticas que habrían de consolidarse en las nuevas entidades políticas y administrativas. Si para algún caso vale aquello de que quien tiene autoridad para interpretar las leyes es el verdadero legislador y no quienes las escribieron o proclamaron, ese sería el del Estado español, configurado más por los Estatutos de autonomía y por la multitud de sentencias “interpretativas” de los sucesivos tribunales constitucionales que por la misma Constitución.

De la Transición como régimen se podrá hablar si lo que se pretende, manipulando el pasado, es deslegitimar o socavar el actual sistema político atribuyéndole un pecado de origen cuya culpa habría de pagar muriéndose y desapareciendo de escena: las reservas para empezar una y otra vez de cero son, entre españoles, inagotables. Pero si de lo que se trata es de someter a crítica las instituciones y las políticas desarrolladas durante los 30 años que median desde el fin del proceso hasta hoy, sería más fructífero abandonar las mayúsculas y explicar por qué, cómo y en qué han fallado esas políticas y esas instituciones. La Transición como acontecimiento no es más que una entelequia: atribuirle los males presentes con el propósito de cambiar el pasado es el mejor camino para perder el futuro.

Santos Juliá es profesor emérito de la UNED

Estados Unidos aseguró este viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU que todo apunta a que el avión de Malaysia Airlines siniestrado en Ucrania fue derribado de forma deliberada por un misil disparado desde un área bajo control de las milicias prorrusas. «El avión (…) fue probablemente derribado por un misil tierra-aire, un SA-11, operado desde una zona controlada por separatistas en el este de Ucrania», dijo la embajadora estadounidense, Samantha Power. La representante de EEUU recordó al Consejo que las milicias prorrusas disponen de la tecnología necesaria para ese tipo de ataque y ya han derribado aviones ucranianos durante el conflicto.

Además, Power apuntó que el mismo día en el que la aeronave fue derribada, se vio a rebeldes con sistemas de misiles SA-11 en la misma zona y líderes de las milicias asumieron el jueves en redes sociales haber alcanzado un avión, mensajes que luego borraron. La embajadora estadounidense señaló también que, dada la complejidad técnica de este tipo de armas, parece «poco probable» que los separatistas pudiesen utilizarlas por si solos, por lo que aseguró que «no se puede descartar asistencia técnica de personal ruso».

Power urgió a Moscú a hacer todo lo posible para poner fin al conflicto en el este de Ucrania y aseguró que «Rusia puede terminar con esta guerra». Reino Unido, Australia y Francia defendieron en sus intervenciones posturas similares a la estadounidense, mientras que China pidió no sacar conclusiones precipitadas sobre el siniestro.

Poco después de estas declaraciones, el presidente Barack Obama pidió un alto el fuego inmediato en el este de Ucrania para permitir una investigación sobre el siniestro. «Para facilitar la investigación, Rusia, los separatistas prorrusos y Ucrania deben adherirse a un alto el fuego inmediato», dijo Obama en una declaración desde la sala de prensa de la Casa Blanca. «No se debe obstruir las pruebas. Los investigadores tienen que acceder al lugar de los hechos», agregó, y aseguró que un equipo del FBI y la agencia de Seguridad para el Transporte (NTSB, en inglés) está «de camino» a Ucrania para asistir en la investigación.

El mandatario consideró que el siniestro «es ciertamente una alarma para que el mundo entienda que tiene consecuencias un conflicto en plena escalada en el este de Ucrania, que no puede contenerse» ni reducirse a un conflicto a nivel local. «Este indignante acto nos recuerda que es hora de que se restaure la paz y la seguridad en Ucrania», indicó.

Subrayó que es «demasiado pronto para saber las intenciones de quienes dispararon el misil» y evitó culpar directamente al presidente ruso, Vladimir Putin. «Pero también sabemos que esta no es la primera vez que un avión ha sido derribado en el este de Ucrania. En las últimas semanas, separatistas apoyados por Rusia han derribado un avión de transporte ucraniano y un helicóptero ucraniano, y han reivindicado el derribo de un avión de combate ucraniano», aseguró.

En este sentido, los servicios secretos ucranianos aseguron haber interceptado conversaciones en las que rebeldes prorrusos reconocen haber derribado al avión. Pocos minutos después de la caída del Boeing 777-200, los separatistas habrían informado al Éjército ruso de que las milicias cosacas alcanzaron a un avión. Posiblemente los rebeldes creían disparar contra un avión militar Antonov An-26. El servicio secreto ucraniano publicó las conversaciones telefónicas, cuya veracidad no se pudo comprobar.

Mientras tanto, Rusia responsabilizó este viernes a las autoridades ucranianas del siniestro por no haber cerrado el espacio aéreo en una zona de combate. «Cualquier persona normal se planteará por qué los controladores aéreos ucranianos han mandado a un avión a una zona de combate, una zona donde la aviación se utiliza para ataques, sobre todo contra objetivos civiles, y donde hay en funcionamiento sistemas de defensa antiaérea», señaló el embajador ruso en la ONU, Vitaly Churkin, en una intervención ante el Consejo de Seguridad.

Churkin subrayó que, según la legislación internacional, es responsabilidad de las autoridades nacionales garantizar la seguridad de los aviones civiles que sobrevuelan su espacio aéreo y pidió por ello una investigación sobre la gestión de Ucrania. «Hay que investigar no solamente la catástrofe, sino la medida en que las autoridades de la aviación civil ucraniana han respetado sus obligaciones y han utilizado sus derechos», defendió el embajador ruso. «¿Han hecho realmente todo lo posible para que la campaña militar desencadenada por Kiev no lleve a esta tragedia?», se preguntó, criticando que hasta hoy no se decretase el cierre del espacio aéreo en la zona del siniestro.

Churkin, que defendió la puesta en marcha de una investigación internacional sobre el suceso, pidió también no «presionar a los investigadores intentando prejuzgar los resultados con declaraciones e insinuaciones».

AGENCIAS, WASHINGTON | ACTUALIZADO 18.07.2014 – 19:21

Entre las propuestas que están surgiendo estos últimos meses sobre la organización territorial del estado y la necesidad de una nueva reforma constitucional me ha llamado la atención la que defendió días atrás el aspirante a liderar el PSOE, Pedro Sánchez, en un acto en Barcelona, cuando precisó refiriéndose a ella que «debería apostar por un federalismo asimétrico que abogara por un «trato fiscal especial» para Catalunya.

Conozco el proceso autonómico andaluz desde sus cimientos preautonómicos, negocié en su día, representando al PSOE, los Acuerdos Autonómicos derivados de los pactos de la Monclóa y desempeñé la Secretaría Federal de Autonomía, accediendo posteriormente a la Secretaría de Estado para las CC.AA. Todo ello explica que esta propuesta me llenara de preocupación e inquietud, consciente su incompatibilidad con el Estatuto de Autonomía de Andalucía. No me extraña que suscite la imagen de «un torpedo en la médula espinal de nuestra autonomía».

El motor de la autonomía andaluza fué la voluntad manifiesta de conseguir una autonomía plena, en pié de igualdad, con las autonomías que habían accedido por la vía del artículo 151. El preámbulo del Estatuto y el artículo segundo se refieren a ello en estos términos: «Las manifestaciones multitudinarias del 4 de diciembre de 1977 y el referéndum de 28 de febrero de 1980 expresaron la voluntad del pueblo andaluz de situarse en la vanguardia de las aspiraciones de autogobierno de máximo nivel en el conjunto de los pueblos de España. Desde Andalucía se dio un ejemplo extraordinario de unidad a la hora de expresar una voluntad inequívoca por la autonomía plena frente a los que no aceptaban que fuéramos una nacionalidad en el mismo plano que las que se acogían al artículo 151 de la Constitución». (…) «Andalucía ha sido la única Comunidad que ha tenido una fuente de legitimidad específica en su vía de acceso a la autonomía, expresada en las urnas mediante referéndum, lo que le otorga una identidad propia y una posición incontestable en la configuración territorial del Estado»[…] «El Estatuto de Autonomía aspira a hacer realidad los principios de libertad, igualdad y justicia para todos los andaluces, en el marco de igualdad y solidaridad con las demás nacionalidades y regiones de España» (artic 2).

Todo el Estatuto andaluz está preñado de esta filosofía de equiparación que gira sobre un eje de igualdad solidaria: «En España existen singularidades y hechos diferenciales. Andalucía los respeta y reconoce sin duda alguna. Pero, con la misma rotundidad, no puede consentir que esas diferencias sirvan como excusas para alcanzar determinados privilegios. Andalucía respeta y respetará la diversidad pero no permitirá la desigualdad ya que la propia Constitución Española se encarga de señalar en su artículo 139.1 que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado» (Preámbulo).

Si proseguimos la lectura del articulado, observaremos que en los principios generales de la Hacienda de la Comunidad Autónoma, artic. 175, se insiste en que quede garantizado el principio de igualdad en el acceso y prestación de servicios y bienes públicos en todo el territorio español; y en cuanto a las relaciones de la C.A., con la Administración financiera del Estado, se afirma que «…se valorará el impacto financiero, positivo o negativo, que las disposiciones generales aprobadas por el Estado tengan sobre la C.A.,(…)

En fin, creo que un análisis atento de nuestro Estatuto de Autonomía demuestra claramente que no es compatible con esta propuesta de federalismo asimétrico de fiscadidad especial y que, de llevarse a efecto dicha reforma constitucional, la autonomía andaluza sufriría cambios y encajes diversos, tendría que reclamar compensaciones, para obtener de todo ello un resultado que no nos beneficiaría.

A día de hoy mi preocupación aumenta al conocer que es precisamente este candidato el que ha recibido el mayor número de avales de Andalucía, ¿Conocían los afiliados, cuando le avalaron, que su oferta disminuye seriamente nuestra autonomía? (La respuesta es, no). ¿Rectificará el candidato? ¿Cómo interpretar sus alhagos continuos al Gobierno de la Junta de Andalucía, con este golpe bajo, inadmisible.

María Izquierdo Rojo ,
Diputada Constituyente y ex-Secretaria de Estado para las CC.AA.

Entre las propuestas que están surgiendo estos últimos meses sobre la organización territorial del estado y la necesidad de una nueva reforma constitucional me ha llamado la atención la que defendió días atrás el aspirante a liderar el PSOE, Pedro Sánchez, en un acto en Barcelona, cuando precisó refiriéndose a ella que «debería apostar por un federalismo asimétrico que abogara por un «trato fiscal especial» para Catalunya. Conozco el proceso autonómico andaluz desde sus cimientos preautonómicos, negocié en su día, representando al PSOE, los Acuerdos Autonómicos derivados de los pactos de la Monclóa y desempeñé la Secretaría Federal de Autonomía, accediendo posteriormente a la Secretaría de Estado para las CC.AA. Todo ello explica que esta propuesta me llenara de preocupación e inquietud, consciente su incompatibilidad con el Estatuto de Autonomía de Andalucía. No me extraña que suscite la imagen de «un torpedo en la médula espinal de nuestra autonomía». El motor de la autonomía andaluza fué la voluntad manifiesta de conseguir una autonomía plena, en pié de igualdad, con las autonomías que habían accedido por la vía del artículo 151. El preámbulo del Estatuto y el artículo segundo se refieren a ello en estos términos: «Las manifestaciones multitudinarias del 4 de diciembre de 1977 y el referéndum de 28 de febrero de 1980 expresaron la voluntad del pueblo andaluz de situarse en la vanguardia de las aspiraciones de autogobierno de máximo nivel en el conjunto de los pueblos de España. Desde Andalucía se dio un ejemplo extraordinario de unidad a la hora de expresar una voluntad inequívoca por la autonomía plena frente a los que no aceptaban que fuéramos una nacionalidad en el mismo plano que las que se acogían al artículo 151 de la Constitución». (…) «Andalucía ha sido la única Comunidad que ha tenido una fuente de legitimidad específica en su vía de acceso a la autonomía, expresada en las urnas mediante referéndum, lo que le otorga una identidad propia y una posición incontestable en la configuración territorial del Estado»[…] «El Estatuto de Autonomía aspira a hacer realidad los principios de libertad, igualdad y justicia para todos los andaluces, en el marco de igualdad y solidaridad con las demás nacionalidades y regiones de España» (artic 2). Todo el Estatuto andaluz está preñado de esta filosofía de equiparación que gira sobre un eje de igualdad solidaria: «En España existen singularidades y hechos diferenciales. Andalucía los respeta y reconoce sin duda alguna. Pero, con la misma rotundidad, no puede consentir que esas diferencias sirvan como excusas para alcanzar determinados privilegios. Andalucía respeta y respetará la diversidad pero no permitirá la desigualdad ya que la propia Constitución Española se encarga de señalar en su artículo 139.1 que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado» (Preámbulo). Si proseguimos la lectura del articulado, observaremos que en los principios generales de la Hacienda de la Comunidad Autónoma, artic. 175, se insiste en que quede garantizado el principio de igualdad en el acceso y prestación de servicios y bienes públicos en todo el territorio español; y en cuanto a las relaciones de la C.A., con la Administración financiera del Estado, se afirma que «…se valorará el impacto financiero, positivo o negativo, que las disposiciones generales aprobadas por el Estado tengan sobre la C.A.,(…) En fin, creo que un análisis atento de nuestro Estatuto de Autonomía demuestra claramente que no es compatible con esta propuesta de federalismo asimétrico de fiscadidad especial y que, de llevarse a efecto dicha reforma constitucional, la autonomía andaluza sufriría cambios y encajes diversos, tendría que reclamar compensaciones, para obtener de todo ello un resultado que no nos beneficiaría. A día de hoy mi preocupación aumenta al conocer que es precisamente este candidato el que ha recibido el mayor número de avales de Andalucía, ¿Conocían los afiliados, cuando le avalaron, que su oferta disminuye seriamente nuestra autonomía? (La respuesta es, no). ¿Rectificará el candidato? ¿Cómo interpretar sus alhagos continuos al Gobierno de la Junta de Andalucía, con este golpe bajo, inadmisible. María Izquierdo Rojo , Diputada Constituyente y ex-Secretaria de Estado para las CC.AA.

«Este es vuestro sueño, un partido que cambia y participa que decide que sus militantes son su principal fortaleza, que se emocionó ayer, en el día del Orgullo, en las marchas por la libertad de las mujeres, con los compañeros de UGT, un partido que viene de las cárceles y del exilio, de la derrota en la guerra civil, del orgullo de pertenencia a unas siglas y a unas ideas y a unos valores que son los vuestros«

 

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