Mes: septiembre 2014

San Quintín, B. C. – «Vida y milagros de las mujeres indígenas” es el tema del libro que la organización Mujeres en defensa de la mujer (Naxihi na xinxe na xihi) presentará en el valle, y que recoge el testimonio de la situación de mujeres migrantes asentadas en la región.
Este material será presentado a las 10:00 horas del martes 30 en el salón de eventos Misión Santa Isabel, con la presencia de una de sus autoras, Gisela Espinoza Damián (la otra es Gloria Carmona de Alva).
La presidenta de la organización, Amalia Margarita Cruz Cruz, informó que ese día también estarán presentes Norma Alicia Carvajal Acosta, subdelegada de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Por una vida libre de violencia

También estará presente Lía Nino, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, campus Mexicali, abundó la dirigente indígena.
Explicó que el libro «Vida y milagros de las mujeres indígenas” forma parte de una serie de textos dedicados a las seis Casas de la Mujer Indígena (CAMI) que están ubicadas en diversas regiones del país.
En este caso, continuó Cruz Cruz, el material se enfoca sobre sobre el tema «por una vida libre de violencia para las mujeres del valle de San Quintín”.
Anticipó que en el libro se explica, mediante el texto y las fotografías, por qué las protagonistas trascienden al trabajar por una vida libre de violencia, lo cual se realiza a través de talleres y la difusión de sus derechos humanos.
Hoy en día hay cientos de mujeres indígenas rebeldes y creativas que al percibir los agravios que sufren en su vida cotidiana, sueñan una vida mejor y emprenden proyectos que a primera vista parecen imposibles, subrayó.
Escrito por Enrique Rojas, El Valle en Google+

Los ataques de milicias del Estado Islámico obligan a familias enteras a huir con lo que pueden. Rehenes turcos recuperaron libertad tras 101 días de cautiverio. Por Agencias EFE, Télam y AP1

Ankara, Damasco. Más de 60 mil los kurdos procedentes de Siria ingresaron en Turquía entre la noche del viernes y la tarde de ayer, huyendo de los ataques de milicias del Estado Islámico (EI), según informó el viceprimer ministro turco, Numan Kurtulmus.

El vicepremier se desplazó ayer a la provincia de Urfa, uno de los puntos por donde se inició la llegada de esta oleada de refugiados kurdos, desde donde habló con los medios. “Doy la bienvenida a quienes proceden de Kobani (localidad asediada por el EI durante la última semana). Espero que puedan retornar a sus hogares, tan pronto como sea posible. La cifra de los que han venido a Turquía es de más de 60 mil”, manifestó.

El recuento de nuevos refugiados creció a lo largo del día a medida que se actualizaban los datos, alcanzando una cifra récord desde el inicio de la crisis de Siria. Turquía se vio obligada el viernes a abrir ocho puntos fronterizos para acoger la avalancha de personas.

“Hemos abierto ocho puntos de la frontera y 45 mil sirios kurdos entraron a Turquía. No hay país en el mundo, sin importar lo rico que sea, que pueda acoger a 45 mil refugiados en una sola noche”, había dicho Kurtulmus ayer a la mañana.

Ayer, en tanto, trascendió que combatientes del Estado Islámico ejecutaron a 11 civiles kurdos (entre ellos dos chicas) en los alrededores de Kobani, provincia septentrional siria de Alepo, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

Liberan a 49 rehenes
Por otro lado, y tras 101 días de cautiverio en manos del Estado Islámico, un grupo de 46 turcos y tres iraquíes que había sido secuestrado por las milicias yihadistas en un asalto al consulado de Turquía en Mosul, fue liberado ayer en la madrugada. “Estamos todos en buen estado de salud. Ahora somos felices”, declaró el cónsul general turco, Oztürk Yilmaz, al llegar al aeropuerto de Ankara, donde aguardaban familiares de los liberados.

Un excautivo afirmó que los filmaron desde el primer día, lo que coincide con un artículo aparecido en el sitio de Internet turco takvahaber.net, vinculado al EI, que revela que se ofrecían pruebas de vida al gobierno de Ankara, en el marco de negociaciones para liberarlos.

Esas negociaciones, según el medio afín a los yihadistas, se prolongaron tres meses y concluyeron en la madrugada de ayer, con la entrega de los secuestrados a las autoridades turcas a través de una carretera segura entre Siria y Turquía, y sin el pago de ningún rescate.

Aprovechando una ley sobre el sector público, el gobierno legisla de tapadillo sobre esta institución religiosa
Documento con fecha viernes, 19 de septiembre de 2014. Publicado el viernes, 19 de septiembre de 2014.
Escrito por: Jorge Armesto Rodríguez.Fuente: Blasting News.

El gobierno aprovecha la Ley de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa publicada en el BOE del 17-09-14 para legislar de tapadillo sobre la Obra Pía de los Santos Lugares, organismo público dependiente del Ministerio de Exteriores.
La Obra Pía de los Santos Lugares es una institución que data de los tiempos de las cruzadas pero que se reguló por primera vez en 1940, el año I de la dictadura franquista. Aunque en sus inicios sus funciones eran «dotar a doncellas en apuros, socorrer a los peregrinos y auxiliar las almas de los difuntos» ahora asume otras tareas como son «Sostener la Basílica-Museo de San Francisco el Grande de Madrid», «mantener e incrementar la presencia española en Tierra Santa.» y «promover el estudio de la historia de la presencia española en los pueblos del Mediterráneo y Oriente Medio y, en especial, en Tierra Santa.». Para los no iniciados en el vocabulario religioso del BOE y del Ministerio de Exteriores, Tierra Santa es una denominación geográfica imaginaria que se refiere a Palestina, Israel, Turquía, Siria…e incluso Egipto.
Además de gestionar una Basílica, alguien se preguntará qué clase de actividades hace esta Obra Pía para mantener e incrementar la presencia española y promover el estudio de la historia. Inútil búsqueda. Ni existe información en la web del ministerio, ni memorias de actividades, ni ninguna noticia acerca del resultado de sus desvelos. ¿Qué hacen en realidad? Gestionar inmuebles. La Obra Pía de los Santos Lugares, al igual que su institución hermana, la Obra Pía de los Establecimientos españoles en Roma, simplemente gestiona alquileres de edificios de titularidad pública. También especula en el mercado inmobiliario. A tal efecto toma la forma de una Fundación sin ánimo de lucro en la que nominalmente hay técnicos y cargos políticos del Ministerio de Exteriores, compartiendo responsabilidades con «un franciscano versado en asuntos de Tierra Santa», otro «franciscano versado en asuntos de Marruecos», o el «El Jefe de Área de Relaciones con la Santa Sede».
En esta institución trabajan además varios funcionarios públicos. Al menos, según el BOE, un Director del Área de relaciones con la Santa Sede y Obra Pía, un Jefe de Sección de la unidad, El Jefe de la Negociado de la unidad y cinco ordenanzas que desempeñan sus funciones en la Basílica de San Francisco el Grande. ¿Haciendo qué? Consuela saber que es posible que la educación y la sanidad estén hoy desatendidas pero que hay otros espacios, que ni siquiera son de titularidad pública, a los que se les puede dedicar con trabajadores públicos, el cuidado y el mimo necesario. Cuando cierren plantas enteras de hospitales por falta de personal quizá los pacientes puedan ir a orar a San Francisco el Grande para recibir una atención más esmerada.
Según los presupuestos generales del estado de 2014 la Obra Pía tenía casi 7 millones de euros invertidos en activos financieros, gestionaba inmuebles patrimonio del estado, una pinacoteca con obras de Zurbarán o Goya y destinaba sus ingresos al mantenimiento de casas misiones, conventos y colegios religiosos. Entre ellos la Congregación Hijas del Calvario o la Casa de Damasco en manos de la Custodia franciscana.
Sin embargo no se conocen todos los inmuebles ni la forma de gestión. Si sirve para aportar algo de luz, su organización hermana en Italia negocia con nada menos que 190 viviendas en el centro de Roma, 80 locales comerciales, 10 oficinas, estudios, etc cuyos ingresos destina entre otras cosas al Óbolo de San Pedro, La Iglesia de Roma, al Centro de Estudios eclesiásticos, mantenimientos de iglesias, etc. La Obra Pía italiana la dirige el embajador español en la Santa Sede y estuvo implicada en un escándalo de reparto arbitrario de viviendas a funcionarios afines. Cuenta con «pisos francos» que emplea en lo que cree más oportuno. En el pasado para albergar oficinas de la falange, de la Guardia Civil o como vivienda de diplomáticos a precio de saldo.
Resumiendo la cuestión.
Al margen de que rechina que en el Boletín Oficial del Estado aparezcan denominaciones como Tierra Santa o Santos Lugares, lo que hay aquí es lo siguiente:
El estado cede la gestión y enajenación de inmuebles de titularidad pública a un organismo autónomo público en el que trabajan funcionarios públicos pero que está dirigido por religiosos. La función de este organismo es desviar los ingresos de estos inmuebles a organizaciones eclesiásticas.
Simple y llanamente es una estructura legal para ceder a la iglesia católica los beneficios de inmuebles del estado repartidos por todo el mediterráneo y hurtarlos de las arcas públicas. Para mayor escarnio se destinan a este fin funcionarios públicos cuya «sede» es una Basílica. Se subvenciona esta organización con 69000 euros al año y, por supuesto, está exenta de impuestos. El negocio redondo.

Madrid, 11 sep. 14. AmecoPress.
Por Gloria López
Tal día como hoy hace diez años, se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género. Desde que un año antes, en 2003, se empezaran a contar los crímenes machistas han perdido la vida en nuestro país a manos de sus parejas o ex parejas más de 750 mujeres (entre 753 y 756, según fuentes utilizadas). Muchísimas. Es importante recordarlo y advertir que todas las reflexiones e intentos de mejora han de dirigirse a homenajearlas y a poner fin al sufrimiento de tantas mujeres que viven sometidas al maltrato –se calcula que en España superan la cifra de 600.000- y a la escalada de violencia que sigue arrojando muertes. Violencia contra las mujeres por el hecho de serlo.

La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad pidió ayer en las Comisiones de Igualdad del Congreso y del Senado “consenso” a los grupos parlamentarios para luchar contra esta lacra. Quiere reformar la Ley que recién cumple una década. Evidentemente, con 41 asesinadas en este año, 14 a lo largo del verano, todo el mundo defiende que “hay que hacer algo”. Pero no está claro que la opción esté en el cambio de la normativa mencionada. Y es que las normas sin recursos suficientes que garanticen su aplicación, pierden parte de su valor. Y eso está sucediendo sin duda.

Los presupuestos dedicados a la lucha contra la violencia, incluyendo la concienciación, el acompañamiento y la protección a las víctimas –y a sus hijos e hijas- y la dotación de profesionales formados en la materia en los distintos ámbitos, nunca han sido suficientes. Pero las políticas que se han desarrollado bajo el amparo de la “crisis” no han hecho sino empeorar la situación. No solo por la reducción de la partida destinada directamente a la lucha contra la violencia de género, sino por otros recortes que han golpeado también con fuerza a las mujeres y en concreto, a las mujeres que sufren maltrato.

Recortes

El Gobierno del PP, según denuncias de organizaciones y grupos parlamentarios como el Psoe, ha recortado un 28 por ciento el presupuesto destinado a la lucha contra la violencia machista. Y aunque Mato y allegados no se cansan de nombrar la gran Estrategia Nacional para la erradicación de esta lacra, jamás han identificado las partidas presupuestarias correspondientes a esos 1.500 millones con los que cuenta y somos varias periodistas y especialistas las que hemos advertido que se atribuyen “nuevas medidas” que no son sino cosas que ya se están haciendo, o al menos que están previstas sobre papel.

En el jugoso y exhaustivo Informe Sombra –que será presentado el próximo martes- la sociedad civil evalúa la igualdad de género en el Estado español y los resultados son dramáticos. No es que se esté desmantelando a base de recortes la lucha contra la violencia de género y también atacando sus cimientos ideológicos y legales, sino que desde varios ministerios y propuestas se arremete contra la igualdad y la lucha contra el machismo.

Han eliminado Educación para la Ciudadanía –suprimen la igualdad y la prevención de la violencia de género de las aulas-. La reforma local aleja los primeros servicios de atención a las mujeres que sufren violencia, algo especialmente grave en ámbito rural. Los cambios en el Código Penal eliminan el término violencia de género y rebajan la gravedad del delito, recogen multas y mediación, que no deberían tener cabida en estas situaciones de violencia, y se exige denuncia para lesiones de menor entidad, perdiéndose la condición de perseguibilidad del delito.

A esto hay que añadir la pretendida aprobación de leyes como la ley de custodia compartida impuesta –desmigada sabiamente por las organizaciones feministas y mujeres juristas que advierten su trampa-. Y, la estrella, la ley del aborto propuesta por Gallardón, que da valor al feto por encima de las mujeres y que les roba su derecho a decidir.

Denuncias

Uno de los temas recurrentes cuando se habla de violencia machista es la importancia de la denuncia. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, más de 600.000 mujeres cada año en España padecen maltratos, aunque menos de la cuarta parte se decidan a contarlo. A esto hay que añadir que, tal y como viene destacando el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, poco a poco las denuncias van disminuyendo. También la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2013, que analiza los datos estadísticos relativos a violencia sobre la mujer, destaca como «verdaderamente preocupantes» las cifras de mujeres asesinadas por violencia machista que no habían presentado denuncia previa con respecto al año anterior.

Yendo más allá de las cifras, el Ministerio Fiscal precisa que, en un elevado número de asuntos, la víctima ha renunciado a las acciones judiciales, quizás por la grave crisis económica existente.

Especialistas como Consuelo Abril llevan tiempo denunciando lo que llaman “violencia económica” y que se convierte en una verdadera losa para salir de las situaciones de maltrato y sin duda, es una de las causas por las que las mujeres no denuncian. En ese sentido, el Estatuto de la Víctima, que obligará a éstas a abonar los gastos causados a la administración más 50 por ciento en caso sentencia absolutoria o sobreseimiento, supondrá un nuevo freno a las denuncias.

Pero también hay mujeres que denuncian y mueren. Sin duda esto merece una revisión, un análisis valiente, varias propuestas. Si algo no podemos permitir es que una mujer pida ayuda, se enfrente al miedo y denuncie, y muera.

Aquí tenemos que señalar que, según recoge la Memoria de la Fiscalía, fiscales, jueces y juezas de violencia de género solo tienen acceso a un informe médico forense de valoración urgente del riesgo en que se encuentra la víctima en el uno por ciento de los casos en que se les solicita una orden de protección. El informe explica que este bajo porcentaje es fruto de la «escasa implantación» del Protocolo Médico Forense de Valoración Urgente de Riesgo, una herramienta que resulta «de gran utilidad» para evaluar el peligro objetivo que afronta una mujer de cara a acordar medidas de protección para ella. Seguramente no sea el único fallo en el sistema, pero es claro que urge avanzar.

La especialización del ámbito judicial – tocado como tantos otros por el machismo- también es un reclamo conocido de aquellas expertas en la materia. Inmaculada Montalbán, cuando presidía el Observatorio, siempre lo repetía. Las abogadas advierten que las trabas y dificultades que debe enfrentar una mujer que denuncia son vergonzosas.

Aunque, más allá de todo lo señalado, de las medidas parciales y puntuales, necesarias y valiosas, será el rechazo social a la barbarie machista, la no asimilación de que en diez años mueran mas de 700 mujeres por el hecho de serlo en nuestro país, lo que posibilite dar respuestas certeras.

Foto: Archivo AmecoPress

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Pies de foto: 1) Manifestación contra la violencia de género; 2) Ana Mato, durante la reunión con las Portavoces Parlamentarias de la Comisión de Igualdad

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Estado español – Violencia de género – Instituciones de Igualdad – Legislación y género; 11 septiembre. 14. AmecoPress

La presión de las organizaciones civiles de Bolivia fuerza la renuncia de dos candidatos denunciados por maltrato a sus parejas
MABEL AZCUI. 05/09/2014 05:38
Los bolivianos están demostrando en esta campaña electoral que el machismo ya no tiene cabida en la política del país. Esta semana, varias protestas de la ciudadanía lograron la segunda renuncia de un candidato a la Asamblea Legislativa por, presuntamente, agredir a su pareja. Al grito de “machista, fuera de la lista”, grupos de mujeres salen desde hace días a las calles de La Paz para exigir a los líderes políticos que se presentan a las elecciones presidenciales y legislativas del 12 de octubre que planteen propuestas concretas para proteger a las bolivianas.

Bolivia (10,5 millones de habitantes) es el país de América Latina con mayor número de casos de violencia física contra las mujeres y el segundo con más violencia sexual, según Naciones Unidas. Sólo en Cochabamba, en el primer semestre de 2014, se registraron 21 muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. En todo el país han muerto 60 mujeres en ese periodo.

Ante la magnitud del problema, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos —formada por asociaciones cívicas— han solicitado al Gobierno de Evo Morales que se declare el estado de alerta máxima, que supone desplegar mayor control policial y hacer campañas de concienciación contra la violencia machista. “Exigimos al Ministerio de Justicia, a las gobernaciones y a las alcaldías la inmediata declaración de alerta máxima por la violencia contra las mujeres como mecanismo de emergencia para enfrentar las causas de esta pandemia que está afectando a más de la mitad de la población boliviana”, sostiene Villena.

Las protestas, en distintos puntos del país, piden la aplicación de políticas para evitar la violencia machista y favorecer la igualdad de hombres y mujeres, al tiempo que repudian las expresiones sexistas de los políticos. El candidato a senador de Cochabamba por el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS, presidido por Evo Morales), Ciro Zabala, ha levantado una ola de críticas tras decir, hace dos semanas, que la vestimenta provocativa y el consumo de alcohol por parte de las mujeres favorecen que se cometan delitos contra ellas.

Las manifestaciones ya han logrado que Adolfo Mendoza, el senador del MAS nominado por Cochabamba, renunciara a su cargo —a finales del pasado julio— tras salir a la luz las denuncias de su esposa contra él por maltrato. Curiosamente, Mendoza fue uno de los impulsores de la ley que castiga la violencia contra las mujeres, aprobada en 2013.

El pasado martes le tocó el turno a Jaime Navarro, candidato a diputado de Unidad Demócrata (UD, de centro) por La Paz. La difusión de un audio en el que la pareja del político le dice al propio Samuel Doria Medina (candidato a la presidencia por Unidad Demócrata, de centro) que Navarro la ha golpeado en dos ocasiones, desató la indignación. Después de proclamar su inocencia, el candidato anunció su renuncia para, explicó, proteger a su familia y al propio Doria de lo que calificó como una “guerra sucia” de sus adversarios para impedir su triunfo electoral.

La expresidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, asegura que los aspirantes a la presidencia como Doria Medina y Evo Morales deberían renunciar también a sus candidaturas: “Son las principales autoridades que promocionan la burla hacia las mujeres y despliegan una actitud machista que contribuye a la violencia contra ellas”, sostiene. Morales ha proferido abundantes chanzas en público sobre las mujeres.

Adzuba: “Se sigue usando el cuerpo de la mujer como arma de guerra”
«El galardón demuestra que nuestro trabajo no pasa desapercibido», celebra la congoleña
JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ GÁLVEZ. 03/09/2014 18:39
La llamada de dos amigas españolas la sorprendieron por la mañana. La han telefoneado desde Madrid y Granada. Y Caddy Adzuba, periodista congoleña de 33 años, ha descolgado el móvil en su país natal para saber que este miércoles ha sido elegida premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2014. Un galardón que la reconoce como «símbolo» de la lucha contra la violencia que afecta a las mujeres en África; y que ensalza su «valor» para «arriesgar» la vida y trabajar en favor de la paz en la República Democrática del Congo (RDC).

«Desde hace al menos 10 años, venimos denunciando la violencia sexual contra la mujer en nuestra nación. Es cierto que algo se ha mejorado, que los índices de asaltos han bajado. Pero las mujeres continúan siendo violadas y se sigue utilizando su cuerpo como arma de guerra», relata ella misma por teléfono a EL PAÍS. Lo subraya con voz firme desde Bukavu, ciudad de la provincia de Kivu del Sur, al este del país. Allí trabaja actualmente para Radio Okapi, una emisora impulsada por la misión especial desplegada por la ONU para la estabilización de la RDC, en guerra desde mediados de los 90.

Adzuba se describe como una «reportera» de calle, como una periodista que ejerce «sobre el terreno y habla con la gente». Y, precisamente, esa concepción del oficio la llevó a documentar violaciones, mutilaciones, torturas genitales y descuartizamientos —entre otros horribles crímenes cometidos en un conflicto que dura casi 20 años—. Las víctimas se lo contaron con detalle. Pero en la radio nacional de su país, donde trabajaba la década pasada, no le dejaron difundirlo. Así que se marchó, para recabar después en la emisora de Naciones Unidas.

«Este premio significa un reconocimiento internacional del trabajo hecho para hacer ver qué pasa en nuestro país», insiste esta licenciada en Derecho, la mayor de ocho hermanos. Una mujer que creció en un barrio acomodado de Bukavu y que se convirtió en refugiada en 1996, cuando estalló la guerra y huyó con su familia. «Hemos conseguido que hoy, en el Congo, se hable de que existe la violencia contra la mujer», celebra.

Aunque, para contribuir a ese avance, Adzuba ha recorrido un duro camino. Dos intentos de asesinato, además de amenazas de muerte de grupos militares, le han procurado la protección especial de la ONU. Porque la libertad de expresión y de prensa también han formado parte de su lucha.

Pero las intimidaciones no han hecho mella en su relato. Menos aún, en su mensaje. En el documental PourQuoi? ella narra la historia real de una mujer violada y obligada a comerse a sus hijos durante su cautiverio como esclava sexual. Atropellos a los que quiere poner voz. Lucha para sacarlos a la luz. «Y este premio demuestra que el trabajo que realizamos no pasa desapercibido».