«Todos los seres humanos aspiran a vivir dignamente. (…) Pero la muerte también forma parte de la vida. Una vida digna requiere una muerte digna». Esta reflexión, recogida en el preámbulo de la ley de muerte digna andaluza, resume el espíritu de la norma que aprobó el pasado mes de marzo el Parlamento autónomo con el apoyo de todos los grupos políticos parlamentarios.
La norma andaluza regula el derecho a recibir sedaciones paliativas, aunque puedan acortar la vida, una práctica recomendada en textos europeos y estatales pero que se elevó por primera vez en España a la categoría de derecho en esta norma, que incluso establece el derecho a recibir estos cuidados a domicilio. La norma garantiza también la cobertura jurídica a los profesionales que atienden a los enfermos terminales, lo que supuestamente debe evitar que se repitan situaciones como las vividas en el hospital de Leganés (Madrid) por la actuación del Gobierno regional de Esperanza Aguirre.
Su objetivo es reconocer el derecho a fallecer sin dolor y con respeto a la intimidad del enfermo; validar su voluntad, expresada a través de instrumentos como el testamento vital; y regular el papel de la familia en caso de que no esté en condiciones de expresarse. La ley, prevista para marzo, determinará asimismo la extensión del sistema de cuidados paliativos, y de este modo dará seguridad al personal sanitario mediante la indicación de los derechos y obligaciones que les corresponden.